El PSOE exige a Aznar que dé una explicación urgente del 'caso Zamora'

La ejecutiva federal del PSOE reclamó ayer directamente a José María Aznar que dé explicaciones con urgencia sobre la "acusación directa" de cobro de donativos para su campaña electoral a la Junta de Castilla y León en 1987. La exigencia se produce después de que el constructor Antonio Sangregorio declarara anteayer, ante José Antonio Martín Pallín, instructor del caso Zamora en el Tribunal Supremo, que pagó un millón de pesetas para la campaña de Aznar.

El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Perales; el portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, y el diputado nacional y expresidente de Castilla y León, Demetrio Madrid, señalaron ayer a Aznar como responsable último de este caso que salpica al PP desde hace años y que ahora ha dado "un salto cualitativo fundamental y preocupante" con las "evidencias y detalles que no se conocían" aportados por el constructor Sangregorio.Perales consideró como algo "evidente" que Aznar recibió para su campaña en Castilla y León dinero de varios constructores de la región tras la declaración ante el Supremo de Sangregorio. Éste admitió haber aportado un millón de pesetas y haberlo negado luego en un acta notarial a cambio de muchos millones que luego no le pagaron.

Perales se agarró a este testimonio privado para desmontar la acusación que el PP achaca al PSOE de "judicializar la política" por retomar este asunto cuando estaba muerto en Castilla y León al presentar una nueva denuncia contra varios aforados.

El dirigente del PSOE destacó la gravedad de otras denuncias realizadas por el constructor, que atribuyó en el Tribunal Supremo a dos diputados del PP -el imputado José Manuel Peñalosa y el exministro de UCD Luis Ortiz- haber intentado silenciarle a cambio de dinero. Perales cuestionó la posible decisión del PP de pedir a los dos aforados imputados, el citado Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero, que renuncien a sus actas de parlamentarios para que el asunto dejase de indagarse en el Supremo y pudiese ser remitido de nuevo a instancias judiciales en Castilla y León.

Juan José Laborda, al comentar ayer esa hipótesis, se permitió aconsejar a los afectados que no abandonen sus escaños "porque irán malparados, se quedarán solos, se tragarán el marrón y estarán confesando su responsabilidad". Les pidió "que no hagan de fusible" porque éste acabaría por convertirse en su "silla eléctrica". Y enlazó estos consejos con la polémica renovación en marcha de los jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la que el PP ha renunciado a negociar los candidatos con la oposición y "ha propuesto a tres inaceptables", entre los que Laborda mencionó a un profesor de química, al antiguo secretario particular del padre del presidente del Congreso, Federico Trillo, y a otro sin "ninguna competencia".

En el Congreso, el diputado Demetrio Madrid abogó por denominar a partir de ahora el caso Zamora como el caso Aznar y demandó explicaciones del presidente del Ejecutivo "sobre sus andanzas cuando hacía méritos" en Castilla y León "para ser lo que ha llegado a ser". Demetrio Madrid adelantó que se contentará por ahora con que Aznar dé información sobre este caso donde quiera y anunció que si no lo hace el PSOE se la exigirá en el Congreso. El diputado consideró este caso, en el que Aznar "está bajo sospecha social", como el más grave "en el que está inmerso el Gobierno". Julio Anguita, coordinar general de Izquierda Unida, afirmó que de estar en el lugar de Aznar daría explicaciones sobre este asunto. Y reclamó que se investigue el caso Zamora "hasta el fondo, caiga quien caiga".

El PP, por su parte, no fue nada claro a la hora de reaccionar a las noticias sobre este asunto. El secretario general del partido, Javier Arenas, postergó su posición, antes de mantener un encuentro con todos los diputados nacionales del PP, a un comunicado posterior en el que se enfatizó que era falso que se hubiese pedido a los imputados, Peñalosa y García Carnero, que renunciasen a sus escaños. El PP señaló en ese escrito, suscrito por el responsable de Organización, Pío García Escudero, que el partido aún "cree firmemente en la inocencia" de ambos y "continuará apoyándolos".

Arenas había comentado antes, sobre la posibilidad de que los dos parlamentarios dejasen sus escaños, que la dirección del PP estaba "estudiando todas las soluciones a este asunto con sus compañeros de Castilla y León y de Zamora". Este tema ni se abordó en la sesión de Arenas con sus diputados nacionales. El secretario general sí tuvo oportunidad de conversar con Peñalosa y Luis Ortiz. Arenas aseguró en voz alta a Peñalosa que no era cierto que el partido le fuese a pedir que renunciase a su acta. Y el portavoz del PP en la Cámara baja, Luis de Grandes, admitió que se reunirá con los afectados para conocer su posición respecto al futuro, aunque se mostró seguro de que la Justicia demostrará su inocencia.

El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos, por su parte, señaló en Oviedo que los hechos que se investigan son anteriores a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, por lo que no se vulneró la legislación entonces vigente, informa Y añadió que los hechos se remontan a la época de Alianza Popular, anterior a la refundación del partido. "Los donativos honestos sin contrapartidas y sin favores nunca han sido objeto de especial persecución", concluyó Cascos.