El peor ejemplo

POCOS DÍAS antes de que comience la campaña de declaración de la renta, la investigación judicial del caso Torras, que reúne las pruebas de la estrepitosa suspensión de pagos del grupo kuwaití en 1992, ha desvelado evidencias de que dos altos funcionarios de Hacienda, Ernesto Aguiar, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales entre 1988 y 1990, y José María Huguet, jefe de la Inspección en Cataluña entre 1985 y 1994, recibieron fuertes cantidades de dinero en cuentas corrientes de Suiza por supuestos servicios de asesoría al grupo Torras.La suspensión de pagos de Torras, producida después de que desaparecieran cientos de miles de millones durante la gestión del financiero Javier de la Rosa, es un foco de corrupción que periódicamente sorprende a la opinión pública con asuntos turbios que, como se ve, pueden alcanzar también a servidores públicos.

Las pruebas contra Aguiar y Huguet tienen el calado suficiente como para que se abra una investigación exhaustiva de sus actividades públicas y privadas concomitantes durante su etapa al servicio de la Administración. Es inmoral que un cargo público preste asesoramientos en materias de su competencia a una empresa privada; es legítimo preguntarse si los supuestos pagos hasta ahora conocidos (domiciliados en entidades suizas, lo cual no es ilegal, pero sí sorprendente en servidores públicos) otorgaron a sus pagadores impunidad frente a las actuaciones de Hacienda, recreando así la tan arraigada idea de que no todos somos iguales a la hora de cumplir los deberes fiscales. Han podido cometerse delitos de cohecho (remuneración a cambio de favores), prevaricación (decisiones tomadas a sabiendas de que son injustas) o abuso de los privilegios de un cargo público. La Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su disposición a investigar el caso; deben ser los tribunales, en todo caso, los que se pronuncien sobre las eventuales responsabilidades penales.

Pero llama la atención el estruendoso silencio de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre los hechos comprometedores conocidos. Aguiar y Huguet eran funcionarios de muy alto rango en la estructura jerárquica de Hacienda pública, públicamente comprometidos con un discurso de rigor ejemplarizante contra el fraude fiscal, en sintonía con el entonces secretario de Estado, José Borrell. Un gesto esperable en este caso, para demostrar al menos la preocupación administrativa por el comportamiento de dos de sus antiguos funcionarios, es que Hacienda inicie una investigación interna paralela a la que probablemente abra la Fiscalía Anticorrupción, acompañada de un pronunciamiento sobre el asunto.

Ese gesto todavía no se ha producido, y es necesario. Porque, con independencia de los resultados de la investigación judicial, resulta que la conducta de los funcionarios de la Hacienda pública y de los altos cargos de la Administración tiene un carácter pedagógico para el resto de los ciudadanos. Es un hecho grave que, a veinte días del comienzo de la campaña de declaración de la renta, los contribuyentes se encuentren con que los máximos perseguidores de las primas únicas, por citar un ejemplo, compartían su tarea moralizadora con la asesoría fiscal de un grupo económico.

La actuación de Aguiar y Huguet suministra además combustible adicional para el deterioro de las relaciones entre el cuerpo de inspectores y la cúpula de la Agencia Tributaria. Es conveniente que se aclaren cuanto antes los hechos, se depuren las responsabilidades y se garantice que no existen otras ramificaciones.

Algo debe decir Hacienda y cuanto antes al común de los contribuyentes, que pueden sentirse algo desmoralizados también por el ejemplo de dos ministros del actual Gobierno -Piqué y Arias-Salgado-, de los que se ha sabido en los últimos meses que crearon sociedades instrumentales para aliviar sus cargas tributarias. ¿Quiere el Ejecutivo de Aznar que todos los contribuyentes paguen sus impuestos del mismo modo? Nada tienen que ver estos dos casos con lo que ha aflorado en los sumarios judiciales de Torras, pero tienen en común el efecto desalentador para los ciudadanos.