El ex presidente de la Diputación entrega en el Supremo documentos sobre el 'caso Zamora'

El caso Zamora se calienta. José Antolín Martín, presidente de la Diputación de Zamora entre 1991 y 1997 por el Partido Popular y denunciante de las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras, apoyó ayer sus afirmaciones con nuevos datos y documentos. Además ratificó ante el juez instructor del Tribunal Supremo que los diputados provinciales de su partido Dionisio García Carnero y Aurelio Tomás usurparon sus funciones presidenciales en la tramitación de expedientes de obras. La defensa del hoy senador García Carnero fracasó en su nuevo intento de suspender las actuaciones.

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Antolín Martín ratificó minuciosamente ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, todos los hechos que denunció ante Fiscalía de Zamora e hizo hincapié en que García Carnero y Aurelio Tomás adjudicaron directamente obras sin tener competencia para ello y firmaron las certificaciones para que él no se enterara de lo que estaba ocurriendo. Aurelio Tomás sustituyó en octubre de 1992 a Dionisio García Carnero como delegado del área de Obras de la Diputación.Martín explicó al instructor que durante los seis años en que permaneció como presidente de la Diputación firmó alrededor de 15.000 decretos. Su área se circunscribía a la responsabilidad política de la decisión de realizar una obra, por lo que de las adjudicaciones se encargaban los diputados de ese área y los vicepresidentes de la Diputación, que ni siquiera le entregaban los expedientes. Éstos estaban integrados por las bases, requisitos, los estudios técnicos, etcétera.

Según su declaración, en su primera etapa como presidente delegó todo en los diputados de la comisión de Obras. Explicó que al llegarle las primeras informaciones sobre posibles irregularidades fue cambiando el proceso de adjudicación y exigió que las propuestas le llegasen con firma de los servicios técnicos. Las bajas empezaron a incrementarse, en tanto que anteriormente las obras se adjudicaban por el importe del presupuesto de ejecución, "sin que se rebajase un duro".

El ex presidente de la Diputación insistió en que las adjudicaciones que se firmaron en su ausencia no tenían su autorización, y que si luego firmó alguno de los pagos que les correspondían, fue porque le "colaron" el papel y los rubricó sin fijarse a qué se debían. De ahí que, en su opinión, se produjese una presumible falsedad en algunos documentos, en los que se usurpó la firma del presidente.

"Desmelenados"

Durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, el ex militante del PP aportó dos cintas, en una de las cuales se habla con uno de los constructores imputado en la causa, Eduardo Corrales, que denunció los hechos, y en la otra con el ingeniero jefe de Obras de la Diputación zamorana, Angel Macho.En la conversación con Corrales, grabada con su consentimiento, el constructor detallaba como se repartían las comisiones. Corrales ratificó ante el instructor del Supremo que pagó un total de 12,5 millones de pesetas en comisiones por adjudicaciones de obras.

La otra conversación fue grabada subrepticiamente por Antolín Martín al técnico de obras Ángel Macho, en el despacho del primero. La grabación se prolonga alrededor de nueve minutos. En la conversación, Antolín Martín dirige algunas preguntas al técnico, quien reconoce que muchas obras se han hecho sin contrato. Antolín Martín le pregunta por una serie de ellas y el ingeniero jefe reconoce que posiblemente se han hecho sin contrato.

Antes de finalizar la cinta, Macho indica que los contratistas se repartían las obras fuera de la Diputación y luego el elegido licitaba por el tipo y los demás, por encima del tipo. "Estaban desmelenados", añade el técnico en la grabación.

Antolín Martín se mostró dolido porque el PP le expedientase por seguir la doctrina del partido respecto a la corrupción, cuando eran otros los que cometían las irregularidades. Sin embargo, añadió que está "satisfecho" de haber denunciado los hechos.

Preguntado por los informadores sobre las comisiones que, según los testigos de cargo, pagaban algunos contratistas por las adjudicaciones, Martín eludió las referencias directas e indicó que quien ha dejado constancia de éstas han sido el constructor Eduardo Corrales y el diputado provincial del PP Casto Lorenzo en unas declaraciones a un medio informativo local, posteriormente matizadas. "Yo lo único que conozco sobre comisiones es lo que es de de dominio público en Zamora", señaló el ex presidente de la Diputación, antes de insistir en que durante la etapa de su predecesor, Luis Cid Fontán, también del PP, se hicieron multitud de obras sin seguirse el procedimiento correspondiente.

"No hizo nada en absoluto"

También manifestó a los medios informativos que el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, conocía las irregularidades cometidas en la Diputación porque él mismo le envió dos cartas en las que relacionaba las anomalías detectadas. Lucas, según Martín, "no hizo absolutamente nada".El ex militante del PP reconoció ante los periodistas que va a presentarse a las próximas elecciones municipales a la alcaldía de Zamora en las listas del CDS aunque como independiente, y aseguró que acaba de pedir al PP que le den de baja en el partido. Antolín Martín es en la actualidad concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento de Zamora e integrante de la Diputación Provincial.

El abogado Jacobo Echeverría, que ejerce la acusación en nombre de varios diputados provinciales del PSOE de Zamora, señaló que la declaración de Antolín Martín es de gran importancia para la causa ya que de la misma pueden desprenderse supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y usurpación de funcione Fuentes de las defensas le restaron credibilidad por suponer que forma parte de una trama contra el PP en la que está implicado el CDS.

Las mismas fuentes calificaron el testimonio de Antolín Martín de "referencial", porque "habla de lo que otros le contaron", y sugirieron que existió una connivencia entre los principales testigos de cargo del caso: el propio ex presidente de la Diputación, el constructor Eduardo Corrales y el concejal del CDS de Zamora Luis Rodríguez San León.

El abogado Juan Ramón Montero, defensor del senador del PP Dionisio García Carnero, replanteó ayer al instructor del Supremo la paralización de las actuaciones mientras se tramita el suplicatorio. El magistrado volvió a rechazar la petición.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 08 de abril de 1999.

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