El TVCP acusa a Azti de falta de transparencia en la contratación
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha realizado sendos informes de fiscalización de las sociedades Ikt, SA y Azti, SA en los que señala que, en general, cumplen con la normativa legal, salvo algunas irregularidades en el apartado referido a la adquisición de bienes y servicios, y contratación de personal. Estos informes fueron solicitados por la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco y se centran en los informes de auditoría, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los años 1995 y 1996. Respecto a Ikt, sociedad dedicada al sector agroalimentario y con domicilio social en la Granja Modelo de Arkaute, el TVCP explica que en su capital está participada por las tres diputaciones forales y el Ejecutivo autónomo. Según el órgano fiscalizador, la sociedad cumple "razonablemente" la normativa legal que regula la actividad económico financiera, excepto en la adquisición de bienes y servicios, ya que como sociedad mercantil cuya participación por parte de las administraciones públicas es mayoritaria, debe ajustar su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia. En el caso de Azti se repiten estas quejas, así como la falta de documentación que demuestre la objetividad en los procesos de selección de personal. La venta de Iparlat Por otro lado, el TVCP critica la forma en que la sociedad pública Azti realizó la venta de su participación en Iparlat a la también sociedad pública Socade en 1996. En diciembre de 1995 Azti controlaba el 10,33% de Iparlat, participación valorada en unos 400 millones de pesetas, pero en enero del siguiente año se realizó la venta por valor de una peseta. Esta operación produjo una disminución en 400 millones en la cartera de participaciones de Azti, para lo cual fue necesario que se realizasen provisiones lo que le acarreó pérdidas en las cuentas anuales de los ejercicios 1994 y 1995. El TVCP considera que la operación de venta de la participación de Iparlat a Socade debería haberse realizado "como mínimo, a precio de mercado y evitar incurrir en pérdidas innecesarias". A su juicio, "estas operaciones no responden a criterios financieros sino que tienen un carácter subvencionador". Por ello señala que a la hora de que la Administración o sus sociedades públicas decidan tomar participaciones directas o indirectas en sociedades mercantiles privadas "como instrumento de ayuda a las actividades económicas desarrolladas por estas Entidades, debe precisarse el carácter financiero o subvencionador con que se realiza" El Instituto para las Ciencias y Tecnología Pesquera, SA (Azti), ubicado en la isla de Txatxarramendi (Pedernales), fue creado en 1984 por la Diputación de Vizcaya, aunque en 1998 pasó a ser una sociedad pública dependiente del Gobierno. La finalidad de Azti es la de contribuir al desarrollo social y económico del sector pesquero y alimentario impulsando la investigación.
