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El Defensor del Pueblo investiga malos tratos en el centro de extranjeros

El Defensor del Pueblo investiga una denuncia de malos tratos policiales en el centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz recibida en la madrugada del lunes a través de la llamada de un interno al teléfono de la institución (900 10 10 25). Dos asesores de esta institución visitaron ayer el centro y solicitaron informes al Ministerio del Interior sobre la intervención policial que concluyó con un inmigrante herido leve que tuvo que ser atendido en un centro sanitario.Los incidentes se iniciaron, según relatan los asesores del Defensor y corrobora la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuando un interno de origen ucranio utilizó el teléfono depués de la medianoche, en contra de lo establecido en las normas internas del centro. Dos agentes le pidieron que finalizase la conferencia, pero el hombre no les hizo caso y echó más monedas a la cabina telefónica. A partir de ahí comenzaron los incidentes.

La policía asegura que el interno agredió a los agentes que intentaban que colgase el teléfono y que tuvieron que reducirle para conducirle a su habitación. Allí, añade la Jefatura, se autolesionó y quemó un colchón. La humareda obligó a desalojar varios cuartos contiguos.

El Defensor indica que el único lesionado durante los incidentes fue el interno y que ningún agente sufrió daño alguno. "Pero este hecho lo que pone de manifiesto una vez más es que el centro de Moratalaz es un lugar complicado y conflictivo por su propia infraestructura", afirman.

Repetidas denuncias

Las condiciones del centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por asociaciones de inmigrantes y ONG, que hace dos semanas organizaron una concentración ante sus puertas para pedir su cierre.También han criticado estas instalaciones, que está previsto trasladar al solar de la antigua cárcel de Carabanchel, los diputados de la Asamblea de Madrid y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Recientemente, el Colegio de Abogados de Madrid ha elaborado un informe que pone de manifiesto las deficiencias de los seis centros de internamiento que existen en España (Málaga, Murcia, Madrid, Barcelona, Valencia y Las Palmas).

Estos recintos nacieron para evitar que los extranjeros pendientes de expulsión del país por estancia ilegal (una sanción administrativa, no penal) fueran sometidos al tratamiento propio de las prisiones. Pero, según denuncian los letrados madrileños, al final estos centros son menos garantes de los derechos constitucionales del extranjero porque el auto de internamiento en ellos -que dicta un juez a petición de la policía- "se reduce a un mero trámite burocrático, algo impensable en un auto de ingreso en prisión".

Los abogados critican también la carencia de asistentes sociales, la deficiente asistencia sanitaria y el "escaso" régimen de visitas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de abril de 1999