Zaplana estudia la oferta de una firma francesa para hacer un trasvase de agua desde el Ródano

Erradicar para siempre el fantasma de la sequía y garantizar el suministro para consumo humano en el Mediterráneo español con los excedentes del Ródano. Ése es el objetivo que se ha marcado una sociedad de capital francés radicada en Nimes, que ha ofrecido al Consell que dirige Eduardo Zaplana y a la Generalitat catalana una participación en el proyecto de construcción del acueducto Languedoc-Rousillón, al objeto de ampliar la canalización hasta las cuencas deficitarias de las que se nutren las dos autonomías españolas.

De momento, el presidente catalán, Jordi Pujol, y Zaplana no han contestado a la invitación, aunque estudian seriamente tal posibilidad a la espera de que las Cortes Generales desbloqueen la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional resultante del Libro Blanco del Agua, que incluye el trasvase de caudales desde las cuencas excedentarias a las deficitarias del territorio nacional. La Sociedad para el Estudio y Promoción del Acueducto Languedoc-Rousillón (SEPA LRC), con sede en Nimes y de capital privado, se plantea la solución al problema de la sequía desde una concepción europeísta de los excedentes que registran los ríos más caudalosos. El Ródano, que nace en San Gotardo (Suiza), forma el lago Ginebra, entra en Francia, recibe al Saona en Lyon y desemboca en el Mediterráneo, tiene agua en abundancia a lo largo de sus 812 kilómetros de longitud, suficiente para abastecer regiones del sur de Francia deficitarias y, más allá, solucionar los problemas que cíclicamente afectan al este de España. El acueducto planteado por SEPALRC se prolongaría hasta Valencia, desde donde el caudal sería a su vez trasvasado a las cuencas más deficitarias, entre las que destacan las de los ríos Segura y Vinalopó, cuyas comarcas atraviesan cada verano serios problemas de abastecimiento para riego de campos, cuando no para consumo humano en situaciones extremas. En su recorrido, la conducción artificial del agua procedente del Ródano suministraría a las Marinas Alta y Baixa, donde la falta de recursos hídricos condiciona el desarrollo del sector turístico, su principal actividad económica e importante fuente de ingresos. La sobreexplotación de acuíferos han desencadenado una salinización generalizada en los caudales, que desaconsejan el consumo humano del agua. Plan hidrológico El agua, indiscutible fuente de riqueza y progreso, se ha convertido en la gran asignatura pendiente de los sucesivos gobiernos socialista y popular. Autoridades autonómicas y locales, además de representantes de las confederaciones hidrográficas deficitarias y, sobre todo, las organizaciones agrarias, llevan años reclamando la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, que a su entender evitaría las ya tradicionales disputas entre comunidades autónomas. Cada verano se repite la misma historia: la Comunidad Valenciana reclama caudales del trasvase Tajo-Segura, a los que se suele oponer el ejecutivo de Castilla-La Mancha, reacio a ceder agua por debajo de un límite que pondría en peligro el llamado caudal ecológico de sus ríos y embalses. Al final, el Consejo de Ministros se ve obligado a mediar en el conflicto, que nunca se resuelve al agrado de todos. La aprobación del Plan Hidrológico no parece inminente, aunque el miércoles finalizó el periodo de exposición pública del Libro Blanco del Agua, marco legal que servirá al Parlamento para regular los trasvases. Un trasvase del Ródano parece no ser del agrado del Ministerio de Medio Ambiente, que mantiene la teoría de que las interconexiones entre las cuencas españolas sería suficiente para una solución definitiva del problema. En ese línea, la ministra Isabel Tocino y el presidente Zaplana suscribieron un convenio de colaboración en materia de obras de infraestructura hidráulica, que tiene por objeto asegurar la estabilidad en el suministro a medio plazo y superar desequilibrios. El convenio compromete a ambas partes a realizar importantes inversiones. La Administración central asumiría obras por importe de 46.600 millones, mientras la Generalitat valenciana ejecutaría actuaciones por valor de 68.800 millones más. Modernización de sistemas de riego, interconexión Júcar-Vinalopó, interconexión entre Picassent y Manises, abastecimiento a la Marina Baixa, mejora en presas, reutilización de aguas depuradas para riego y ampliación de plantas de depuración se recogen en el documento.