El juez aplaza la declaración de un edil por el caso de los ecoparques

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, Félix Blázquez, aplazó ayer la declaración del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senent, citado en relación con la denuncia presentada por el PSOE contra el equipo de gobierno del PP por cometer un supuesto fraude en una operación urbanística. Senent, concejal de Medio Ambiente, compró dos terrenos cuyo valor se triplicó en apenas unos días. La presión de la oposición impidió que allí se instalaran dos ecoparques.

Blázquez optó por aplazar la comparecencia de Senent ante la petición del abogado que representa al PSOE, Salvador Pedrós. Éste entiende que la defensa del edil popular, imputado por el magistrado, no puede ser ejercida por los servicios jurídicos del consistorio, sino por un abogado particular. La tesis del letrado es clara: los abogados municipales deben defender los actos administrativos del Ayuntamiento, no las posibles responsabilidades de carácter penal en las que sus responsables puedan haber incurrido. Senent, concretamente, ha sido denunciado por el PSOE, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y los otros siete concejales de la comisión de gobierno municipal, por un supuesto fraude. El teniente de alcalde y edil de Medio Ambiente fue el responsable directo de la compra de dos terrenos, en los que estaba prevista la instalación de dos ecoparques financiados con fondos de la Unión Europea, que se revalorizaron notablemente en apenas unos días. Ceryp, S. A. vendió al consistorio por 118 millones de pesetas dos parcelas que adquirió poco antes por apenas 48 millones. Esta empresa presta numerosos y diversos servicios al ayuntamiento. Senent no quiso pronunciarse de nuevo sobre la polémica, lejos de finalizar a pesar de que Barberá decidió anular la operación ante la presión de la oposición y un informe desfavorable del secretario municipal. "He venido aquí como teniente alcalde", dijo ayer a Europa Press el edil, que reclamaba así su derecho a ser asistido por los abogados municipales. El presidente del PP en Valencia siempre ha defendido la legalidad y transparencia de la operación urbanística, concretada, según su versión, ante la inexistencia de ofertas en las que instalar dos recintos preparados para la eliminación de residuos sólidos urbanos. La oposición, por contra, denunció repetidamente el carácter especulativo de la compra, calificada de "escándalo" y "pelotazo".