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Martínez afirma que la Junta borra "con un decretazo" los derechos municipales gaditanos en temas de vivienda

La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), expresó ayer su indignación por a aprobación del decreto que permitirá a la Junta rehabilitar en solitario el casco histórico de Cádiz. Para la alcaldesa, la administración autonómica "ha roto con un decretazo" la colaboración con el Ayuntamiento en ese ámbito y limita "de un plumazo los derechos y obligaciones" del Ayuntamiento en esa materia. Martínez considera que el decreto de la Junta es inconstitucional. La Administración andaluza ha decidido actuar unilateralmente a través de una oficina de gestión propia dependiente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) al considerar "ineficaz la colaboración" mantenida ahora con el Ayuntamiento, que no ha ahorrado críticas a la Junta en esta materia. Con todo, la alcaldesa gaditana mostró su satisfacción porque "la Junta vaya a invertir en infravivienda lo que no ha invertido en los últimos años" y defendió la compatibilidad de la actuación autonómica con la vigencia del convenio firmado entre ambas administraciones para acabar con 400 infraviviendas. "Entendemos que lo que va a hacer la Junta es un plan de choque, que hace falta, pero en la ciudad hay 2.300 infraviviendas no sólo 400, por lo que el ayuntamiento debería seguir gestionando ese convenio". Teófila Martínez aseguró que el convenio firmado hace tres años incluía las acciones para ese número de infraviviendas y otras 250 actuaciones singulares "porque el Ayuntamiento lo propuso". A la vez acusó a la Junta de "tener frenado" un proyecto de 396 viviendas de realojo, pendiente de calificación desde octubre de 1998. El decreto aprobado el martes por el Consejo de Gobierno andaluz incluye la creación de una comisión de seguimiento de las acciones que se desarrollen en el casco. La intención de la Junta es que la alcaldesa ocupe la vicepresidencia de ese órgano. "Estamos abiertos al diálogo pero no queremos que nos ninguneen", dijo ayer Martínez. El delegado de Obras Públicas, José de Mier, explicó ayer pormenorizadamente los términos del decreto, que tiene como objetivo "acabar de una maldita vez con el problema de la vivienda en Cádiz". De Mier defendió "la permeabilidad" del decreto para aprobar los trámites burocráticos y alcanzar los acuerdos necesarios con el Ayuntamiento o los particulares en el menor tiempo posible. Los planes de la Junta contemplan también situaciones de rehabilitación preferente subvencionando hasta el 75% de inversiones de dos millones de pesetas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de abril de 1999