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La venganza de la fotocopiadora

El alcalde de Villanueva de Córdoba prohíbe a la Guardia Civil usar sus dependencias ante su exceso de celo

Las cosas de los pueblos. La fotocopiadora del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, un municipio de unos 10.000 habitantes, está enfrentando al alcalde, Antonio Muñoz, con la Guardia Civil de la localidad porque el regidor ha prohibido el uso del artilugio a toda persona ajena al consistorio. Y resulta que, como el instituto armado no tiene fotocopiadora en el cuartelillo, hasta la ley seca de copias era el principal usuario de la del Ayuntamiento. La medida anticopias fue la respuesta de los munícipes a la avalancha de quejas de vecinos sobre actuaciones sobradas de celo profesional de los funcionarios de la Guardia Civil del pueblo, que se han disparado desde la llegada del nuevo jefe de puesto. Un auténtico y genuino caso de fotocopias contra multas."Ante el gasto considerable que supone el mantenimiento de las fotocopiadoras de este Ayuntamiento, se comunica que queda prohibido el uso de éstas a toda persona o entidad ajenas a este Ayuntamiento, debiendo los interesados solicitar el permiso correspondiente a esta delegación". Éste es el contenido de la resolución adoptada por el concejal de Hacienda de Villanueva de Córdoba, Daniel Caballero, el 20 de enero.

La medida parecía de mero control del gasto, pero tenía su trasfondo de presión a los agentes del tricornio. Según el alcalde, los miembros del instituto armado no tenían horario ni límite para utilizar este servicio (hacían hasta 400 copias al día), por lo que decidió plantarse. "Los expedientes no los vais a tramitar aquí". Y municipalizó las fotocopiadoras.

Muñoz subraya que en sus ocho años como alcalde ha mantenido unas relaciones "muy buenas" con el instituto armado, pero que la cuestión cambió en verano, con la llegada al cuartel de Villanueva de Córdoba del sargento Isidoro García Ordóñez. Dice el regidor que desde entonces se han sucedido las protestas de los vecinos por lo que el alcalde califica como "medidas represivas". El sargento García Ordóñez dice no saber de qué habla el alcalde: "La verdad, no tengo ni idea".

Antonio Muñoz cuenta alguna que otra anécdota para plasmar cómo se ha producido una escalada de multas desde la llegada del sargento. En la fiesta de Las Modistillas -una reunión que celebran las mujeres de la comarca el 13 de marzo y que reúne en torno a 500 féminas en un encuentro que se prolonga hasta altas horas de la madrugada-, la Guardia Civil hizo valer su poder para imponer sanciones de 50.000 pesetas a algunas de ellas por entender que existía "infracción administrativa en espectáculos públicos".

Pero el relato más grave de las presuntas acciones de la Guardia Civil lo hace Francisco Rubio Grande, un joven de 20 años que ha denunciado a un agente por una supuesta agresión. "Me pidieron el carné y no lo tenía y me dijeron que tenía que ir esposado al cuartel. Les dije que iba, pero esposado, no. Me pegó y me defendí". Es más, el joven admite haberle dejado al guardia un ojo morado y el cuello magullado.

Antonio Lara, otro vecino quejoso con los agentes de verde, describe un incidente suyo en los carnavales, el 29 de febrero. Ese día, con motivo de los carnavales, se había prolongado el horario legal de cierre de los pubs, normalmente establecido hasta las dos de la mañana, hasta cuatro horas más tarde mediante la emisión de un bando municipal. A la hora que Lara señala, una pareja de la Guardia Civil entró en el local y le dijo al dueño que a cerrar tocaban. "Mire, que hay un bando...". Nada, a cerrar.

El caso es que quienes estaban en el local se pusieron a cantar Libertad sin ira, de Jarcha. Los agentes, en lugar de sumarse a la fiesta, optaron por un clásico vocablo del servicio: "¡Documentación!". Lara mostraba ayer un documento en el que se le solicita el pago de una multa mínima de 50.000 pesetas por una infracción contra "la seguridad ciudadana".

El pueblo tiene ya tema de conversación fijo y siempre hay coincidencia: la Guardia Civil trabaja con un exceso de celo en Villanueva. El alcalde se mostraba tajante ayer: "La autoridad civil debe estar por encima de la autoridad militar". Por eso entiende que lo mejor para el pueblo es que trasladen al sargento. O, quizás, que pongan una fotocopiadora en el cuartelillo.

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