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El Supremo presenta el suplicatorio contra dos parlamentarios del PP por el 'caso Zamora'

El presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, remitirá hoy al Congreso y al Senado sendas peticiones de autorización para imputar en el caso Zamora, sobre supuesta financiación irregular del PP, a los parlamentarios del partido gubernamental José Manuel Peñalosa Ruiz (diputado) y Dionisio García Carnero (senador). La propuesta de suplicatorio a las cámaras fue realizada por el juez instructor, José Antonio Martín Pallín, y asumida el jueves último por los tres magistrados que, en su caso, juzgarán el asunto, presididos por Luis Román Puerta.

Además de Román Puerta, como presidente, integran la Sala a la que corresponderá decidir sobre el caso Zamora Cándido Conde-Pumpido Tourón y Roberto García Calvo. Estos tres magistrados son también los que han asumido la solicitud del magistrado Martín Pallín, instructor del caso, para su traslado, a través del presidente del Tribunal Supremo, a los respectivos presidentes del Congreso, Federico Trillo, y del Senado, Esperanza Aguirre.En diciembre de 1998, la Sala admitió la querella presentada por nueve diputados provinciales socialistas de Zamora y la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, dado el supuesto cobro de comisiones por ocho dirigentes del PP a cambio de la adjudicación de obras.

La petición de autorización a las cámaras era un paso previo necesario para llamar a declarar como imputados a los dos aforados, que figuraban entre los ocho dirigentes del PP acusados. El instructor Martín Pallín lo propuso tras tomar declaración a los acusadores y comprobar que se confirmaban las imputaciones.

Abstención del presidente

Ordinariamente, la sala encargada de conocer de los asuntos relativos a aforados suele presidirla su titular, en este caso José Jiménez Villarejo. El hecho de que un hermano de éste, Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, sea parte en el proceso como denunciante ha determinado la abstención en este asunto del presidente de la Sala Segunda.Por su parte, el diputado Peñalosa y el senador García Carnero aseguraron ayer que comunicarán al Supremo, a través de sus representantes legales, que renuncian a la condición de aforados que les corresponde como parlamentarios nacionales, según informa desde Zamora

El PP afirma en un comunicado que ambos parlamentarios renuncian a "cualquier privilegio y expresan su deseo de acudir a la Justicia ordinaria como cualquier ciudadano".

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Ambos parlamentarios dicen querer agilizar los trámites judiciales del caso Zamora "y que pueda definitivamente aclararse toda la verdad y desmentir categóricamente el cúmulo de mentiras, infundios y falsedades que llevan soportando los dos últimos años", frase que manifestó hace días el senador García Carnero y que reproduce el comunicado del PP.

No renuncian al escaño

La comunicación de ambos parlamentarios no anuncia que vayan a renunciar al escaño, por lo que, según fuentes del Supremo, la tramitación del suplicatorio no se paralizará.Peñalosa Ruiz es el actual portavoz popular en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE y García Carnero es presidente provincial del PP de Zamora y coordinador del Grupo Popular del Senado.

Inicialmente, ambos anunciaron que pedirían a sus compañeros de cámara que voten a favor del suplicatorio.

La acusación critica la "concepción caciquil"

Jacobo Echeverría, acusador particular del caso Zamora, calificó ayer de "puro marketing" el anuncio del PP de que sus dos parlamentarios renuncian al aforamiento y estimó que la mención de éste como un privilegio "refleja la concepción caciquil que José Manuel Peñalosa y Dionisio García Carnero tienen de los cargos de diputado y senador".Echeverría señaló que, por el contrario, la condición de aforado "no es un privilegio de nadie, sino una garantía del servicio público, concebida como una protección a la función legislativa de los parlamentarios".

Otras fuentes jurídicas recordaron que la configuración constitucional de la inmunidad parlamentaria no es la de una prerrogativa personal, sino una defensa de las cámaras legislativas, ya composición podría alterarse mediante razones políticas espurias, por lo que la inculpación de un parlamentario exige la previa autorización de la Cámara.

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