¿Para cuándo el pleno empleo?

¡Ya está; lo conseguimos; España entró en el euro a la primera! ¿Y ahora, qué? Pues ahora, a por el pleno empleo, que para eso era lo del euro. A mucha gente esto le parecerá una paradoja, porque el euro ha tenido tan mala prensa que casi nadie asocia la idea de su aparición con el pleno empleo. Y, sin embargo, ése es el objetivo final de la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria. Explicaré brevemente por qué y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para conseguir el pleno empleo por primera vez en nuestra historia.Hace tres años, cuando empezó de verdad la carrera final hacia el euro, España tenía, grosso modo, una tasa de paro que ascendía al 20% de nuestra población activa, lo que representaba el doble de la tasa media en la Unión Europea. Como la población activa equivale en España aproximadamente a la mitad de la población en edad de trabajar, de cada diez personas con edades comprendidas entre 16 y 65 años una estaba parada, cinco eran inactivas y sólo cuatro trabajaban, tres de las cuales lo hacían en un empleo asalariado. En cambio, en Holanda había cinco asalariados por cada diez personas en edad de trabajar. Es cierto que en ese país hay mucho empleo a tiempo parcial pero, midiendo el empleo equivalente a tiempo completo, la cifra holandesa se sitúa en cuatro, que coincide con el promedio europeo. Ésta es la principal diferencia económica y de bienestar entre España y el conjunto de la Unión: de cada diez personas en edad de trabajar, en España sólo tres tenían un empleo asalariado en 1996, frente a cuatro en la UE.

Ésa es también la diferencia de renta por habitante, que en España venía a representar las tres cuartas partes de la cifra media europea. O, lo que es lo mismo, cuando hablamos de la llamada convergencia real entre España y el conjunto de la Unión, a lo que nos estamos refiriendo de verdad es a la necesidad de aproximar la cifra relativa de empleos asalariados disponibles en España a la del resto de Europa. Ésa es la cuestión fundamental. Luis Toharia estima que, para converger con la tasa actual de paro en el conjunto de la Unión, España tendría que crear más de 380.000 empleos anuales durante los próximos diez años, ya que si sólo se crean 100.000 la tasa de paro seguirá como está. Y para conseguir el pleno empleo (con una tasa de paro del 5% de la población activa), habría que crear medio millón de empleos adicionales cada año.

¿Por qué hay en España menos empleo asalariado que en los demás países europeos? Puede decirse que la cantidad de empleo asalariado de un país es el resultado del proceso histórico de formación de capital y de acumulación de iniciativa empresarial, y que constituye el mejor indicador de su nivel de progreso económico. Para dar empleo a una proporción creciente de asalariados hace falta que aumente la densidad de iniciativas empresariales viables y que éstas encuentren financiación adecuada. En general, la tasa y el nivel del ahorro crecen con la renta, y es este ahorro el que financia la inversión de capital. Además, las expectativas aumentan con el progreso, y quien acepta un empleo espera conseguir un determinado salario. A su vez, el empleador necesita que la productividad del trabajo sea proporcional a ese salario, y ello requiere una capacidad de organización empresarial y una determinada inversión de capital por empleado, que aumentan a medida que lo hace el salario. La escasez de empleo en España se debe a que hasta ahora las disponibilidades de ahorro y de iniciativas empresariales resultaban insuficientes para aumentar la proporción de población que podía acceder a un empleo adecuado.

¿Qué es lo que cambia con el euro? No es exagerado afirmar que si algo significa la Unión Económica y Monetaria es la desaparición de los obstáculos y los costes de desplazamiento que hasta ahora encerraban las disponibilidades de capital dentro de sus fronteras estatales. Una vez constituido el Mercado Único Europeo -que afecta sobre todo a los productos y, de forma creciente, a los servicios- el euro implica la constitución de un mercado único de capitales en toda Europa, de modo que los países dejan de depender de su propio ahorro interno para financiar la inversión. O mejor dicho -puesto que la libre circulación de capitales ya venía funcionando en Europa, y avanzando en el resto del mundo-, la integración del mercado permite a todos los europeos acceder a los recursos de capital en las mismas condiciones y pagando el mismo precio que los demás. E1 aumento de la cantidad de capital efectivamente disponible es lo que explica la drástica reducción del precio real del dinero. Medido por el tipo de interés real este precio ha bajado en España cuatro puntos y es ahora la mitad del que tendríamos sin el euro, prácticamente el mismo que pagan los consumidores y las empresas alemanas, con lo que ello significa para mejorar la competitividad de las empresas españolas y el bienestar general.

Pero que el principal obstáculo para aumentar el empleo haya desaparecido con el euro no quiere decir que hayan desaparecido todos los obstáculos. El empleo lo crea básicamente la iniciativa empresarial, y este factor productivo sigue siendo escaso porque sólo aumenta y mejora con la práctica y España ha llegado tarde al desarrollo. Para cumplir cualquier objetivo razonable de empleo en el plazo de una generación, España tiene que aumentar el número y el carácter innovador de las iniciativas empresariales propias, atraer el mayor número posible de inversiones y evitar decisiones de deslocalización empresarial.

Lo primero exige aumentar considerablemente el peso de los conocimientos y las titulaciones educativas y profesionales relacionadas con la técnica y la innovación en el conjunto de nuestro sistema educativo y romper con el carácter excesivamente abstracto y generalista de los planes de estudio de las carreras y con el maltusianismo de los enseñantes, expandiendo fuertemente el número y la variedad de titulaciones de un solo ciclo, que tienen ya una fuerte demanda empresarial insatisfecha y que constituyen la única forma de minimizar el fracaso escolar y de aumentar el rendimiento del sistema de formación de recursos humanos especializados en las tareas de innovación. Adicionalmente, es necesario apoyar la innovación empresarial desde el exterior de la empresa, aumentando la densidad de servicios tecnológicos puestos a disposición de las pymes a través del sistema de centros de innovación y tecnología, que tiene todavía un tamaño muy limitado en nuestro país en comparación con lo que se hace en el resto de Europa. Y, finalmente, hay que fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes, proporcionando apoyo experto y amplias facilidades de financiación a nuevos proyectos empresariales -especialmente los derivados de proyectos de fin de carrera-, aunque soporten una alta tasa de fracaso, que se verá compensada con la rentabilidad social derivada de la elevación del aprendizaje empresarial a través del método de prueba y error.

Ahora bien, la unidad de mercados de factores y productos en la UE significa que las decisiones de inversión y de localización tienen como espacio de referencia el continente y no cada uno de los países. Esto vale tanto para las decisiones de las empresas españolas como para las de fuera.

La convergencia de las tasas de empleo y del nivel de riqueza exige que España sea capaz de retener y de atraer la localización del mayor número de inversiones empresariales, lo que implica ofrecer condiciones óptimas de acogida -respetando las reglas del juego limpio competitivo en esta materia- y, sobre todo, eliminar en lo posible los factores obstaculizadores o disuasorios para la localización de empresas.

La equiparación de nuestro territorio en dotación de infraestructuras -para lo cual resultan imprescindibles los fondos de cohesión-, la aplicación de incentivos territoriales a la inversión en las zonas menos favorecidas y, en general, la oferta creciente de servicios e infraestructuras empresariales de todo tipo -a la que contribuyen sustancialmente los fondos estructurales de la Unión- constituyen la condición necesaria para compensar las desventajas existentes en un territorio periférico, como el nuestro, menos desarrollado y con menores economías externas -directas e indirectas, vía difusión tecnológica y efectos de red- que la media de la Unión.

Pero la experiencia comparada de Irlanda y España pone de manifiesto que el aprovechamiento en términos de convergencia real de las ventajas de la adhesión -primero-, del mercado único -después- y ahora de la marcha hacia el euro tienen que ver sobre todo con la remoción de obstáculos institucionales: en el trienio que precedió inmediatamente al mercado único la inversión extranjera directa representó el 9,4% del PIB en Irlanda, pero sólo el 1,8% en España (por debajo de Holanda, que captó inversiones equivalentes al 2,7% de su PIB).

La comparación de estas cifras con la aportación neta de los fondos estructurales y de cohesión al PIB de cada país durante el último quinquenio (un 2,2% y un 1,6% en Irlanda y España, respectivamente, por no hablar del 0,2% holandés) indica que ésta es la cuestión crítica: Irlanda y Holanda son grandes destinos de la inversión porque son países percibidos como modelos de buenas prácticas legales e institucionales.

Puede decirse que el factor más limitativo para la distribución efectiva de la iniciativa empresarial en el territorio europeo está relacionado con la falta de homologación de las instituciones y la legislación económica, laboral y mercantil respecto a las mejores prácticas -y las más conocidas y habituales- en el continente. Éste es el factor que añade más incertidumbre y que más desorienta a los inversores. Así, pues, la puesta al día, la armonización -a iniciativa común, cuando sea posible, o realizada de motu propio si no- y la evaluación permanente de todas nuestras instituciones es el tema principal de la agenda del próximo decenio de cara al pleno empleo.

Acaba de aparecer el octavo Informe de Evaluación del Proceso de Integración Europea del Council for Economic Policy Research (CEPR) -titulado Social Europe: one for all ?- en el que se demuestra que la inversión extranjera exige tasas de rentabilidad superiores para invertir en los países que tienen regulaciones de despidos más rígidas -entre los que se encuentra España-, lo que implica que, a igual tasa de rentabilidad, se invierte menos en ellos.

Además, el informe demuestra que la normativa que obliga a solicitar autorización administrativa previa para la regulación de empleo ahuyenta la localización de las inversiones realizadas por las empresas de los sectores más innovadores y con demanda inestable, aunque afecten menos a las de los sectores con demanda tradicional y estable. Se da la circunstancia, sin embargo, de que estos últimos disponen de un considerable exceso de capacidad instalada, que sus niveles de productividad están creciendo a fuerte ritmo y que en ellos las inversiones suelen dirigirse hacia la racionalización (fusiones, adquisiciones y reingeniería) más que hacia la creación de empleo, mientras que son precisamente los sectores innovadores y de demanda inestable los únicos que crean empleo neto.

Actualmente la autorización previa sólo subsiste en España, en Grecia y en Holanda (aunque en este último caso ha caído en desuso). Francia percibió claramente la amenaza que suponía esta anomalía legal para la localización de inversiones y la suprimió precisamente en vísperas de la adhesión de España. Pese a los temores que despertó esta medida, la supresión pasó prácticamente inadvertida y casi nadie pide dar marcha atrás.

Todavía resuenan -y los grandes centros de decisión de inversiones las tienen muy presentes- las palabras de un empresario sueco: "Si hubiera sabido que el empleo de mi empresa depende del Ministerio de Trabajo, jamás habría invertido en España".

La llegada del euro debe ser la señal para suprimirla también en España, en aras de atraer inversiones empresariales y de avanzar hacia el pleno empleo. La autorización previa debería sustituirse por la facultad de suspender temporalmente la decisión empresarial por parte de la autoridad laboral, implantándose y aplicándose en este ámbito el silencio positivo que rige con carácter general en el nuevo procedimiento administrativo.

Álvaro Espina fue secretario general de Empleo entre 1985 y 1991.