Una fórmula muy cara

VIENE DE LA PÁGINA 1 Este mismo portavoz precisó que en 1992, la Inspección de Trabajo comenzó a levantar actas de la deuda a Asad, empresa que posteriormente desapareció y se convirtió en Etxean Laguntzeko Elkartea (ELE), una firma aún activa que se subrogó en los contratos de asistencia domiciliaria que tenía Asad con los municipios. La Inspección de Trabajo ha requerido en múltiples ocasiones, primero a Asad y luego a ELE, el pago de la deuda más los intereses y finalmente ha avisado a los ayuntamientos de su responsabilidad subsidiaria. La deuda más los intereses suma casi 1.010 millones de pesetas, de los que más de 838 millones son los reclamados a los 29 consistorios. Los otros 171.425.359 pesetas corresponden a los impagos a la Seguridad Social de las empleadas del Ayuntamiento de Bilbao que la Tesorería reclama a ELE porque, en este caso, no ha podido demostrar la responsabilidad subsidiaria del consistorio de la capital vizcaína. La firma ELE se ha negado a hablar con este periódico sobre este asunto. La Tesorería General de la Seguridad Social basa su reclamación en dos sentencias del Tribunal Supremo de junio y julio de 1996 que declaran a los ayuntamientos responsables de las cotizaciones de las trabajadoras de Asad. La versión de los consistorios es bien distinta y, siguiendo recomendaciones de Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, han contestado de forma coordinada a la reclamación con un escrito de alegaciones en el que niegan su responsabilidad en la deuda. "Consideramos que la deuda ha prescrito y es extemporánea, porque ya hace mucho tiempo que prescindimos de los servicios de esta empresa", asegura Juan Castro, director de Personal del Ayuntamiento de Barakaldo, al que la Seguridad Social reclama la deuda más cuantiosa, algo más de 110 millones de pesetas. "Detrás de esto hay un problema jurídico, porque en su día fuimos declarados responsables solidarios de las deudas de esta empresa con las auxiliares e hicimos frente a los pagos. Y si somos responsables solidario, en la que la responsabilidad se extiende sólo a un año, no podemos ser responsables subsidiarios", añade Castro. [Barakaldo mantiene otro conflicto con la Seguridad Social por el Impuesto de Bienes Inmuebles de los hospitales de la localidad fabril]. De manera parecida se manifiestan, por ejemplo, responsables del Ayuntamiento de Basauri, al que la Seguridad Social reclama más de 104 millones, o de Zalla, al que requieren 5.101.000 pesetas. La Asociación de Municipios Vascos envío los pasados 23 y 26 de febrero cartas a los 29 consistorios aconsejándoles que presentaran un escrito de alegaciones a las actas de Inspección de Trabajo antes de que se agotara el plazo. "Se pretende dar una respuesta homogénea de los ayuntamientos", aseguran fuentes de Eudel. "Este problema viene generado de la mala gestión de una entidad que había contratado con los ayuntamientos la asistencia domiciliaria y ella es la primera responsable", añade un portavoz de la asociación. Eudel está estudiando minuciosamente las actas levantadas por la Inspección de Trabajo para poder asesorar convenientemente a los ayuntamientos. Pero el proceso es lento y puede resultar costoso si finalmente el inspector de Trabajo rechaza las alegaciones municipales. En este caso, los consistorios recurrirán ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El sindicato nacionalista ELA ya ha pedido a la Diputación que no se haga cargo de esta deuda "porque estaría pagando con el dinero de todos los vizcaínos la mala gestión de muchos municipios".