Las Juntas Generales dan su visto bueno al Plan de Carreteras de Vizcaya

Las Juntas Generales de Vizcaya dieron ayer su visto bueno al primer Plan de Carreteras del territorio con los votos del equipo de gobierno (PNV y PSE) y de EA. El rechazo de HB e IU y la abstención del PP se debió a la discrepancia en la prioridad de ejecución de obras y, excepto los populares, a que parte de la financiación será privada. La aprobación definitiva llegará en el pleno del 15 de abril. La comisión de Infraestructuras acordó también autorizar la creación de nuevas áreas de servicio, ahora limitadas a la A-8 y la A-68.

Todos los partidos estuvieron de acuerdo, incluso aquellos que no lo apoyaron con su voto, que el Plan de Carreteras beneficiará a los vizcaínos y abrirá nuevas posibilidades en el futuro. "Por vez primera aparece una reflexión seria. El modelo actual está agotado", aseveró el juntero de HB Txema Piko. Tras diez años de gestación, el proyecto pretende aumentar la red viaria de este territorio en 130 kilómetros (actualmente, son 1.470) y actuaciones de acondicionamiento y ampliación en otros 700 en el horizonte del año 2016. El presupuesto para todo el plan supera los 440.000 millones de pesetas. "Es un plan revisable cada seis años que sirve como instrumento de desarrollo y planificación sectorial para mejorar las carreteras. Servirá para desincentivar el uso del coche propio y fomentar los vehículos colectivos. Disminuirá los desequilibrios viarios de algunas poblaciones e implantará peajes que servirán para regular el tráfico y mejorar el medio ambiente", señaló José Félix Basozabal, diputado vizcaíno de Obras Públicas, durante su detallada exposición en la sesión que ayer celebró la comisión de Infraestructuras. Con la aprobación del plan se abre la puerta a la instalación de tres peajes en la veintena de nuevas carreteras que se construirán. Corresponderán a los túneles de Artxanda, en el vial bajo la Ría en Lamiako (Leioa) y en el tercer carril de la A-8 que se construirá entre los años 2005 y 2006. Este punto fue uno de los que suscitó mayor crítica por parte del juntero de HB Txema Piko, y de José Ferrera, de Izquierda Unida, quienes expresaron su desacuerdo con la implantación del peaje como parte del sistema de financiación privada al que recurrirá la Diputación vizcaína. Por el contrario, la portavoz del PP, Pilar Aresti, que se abstuvo en la votación final, resaltó la bondad del peaje: "Cómo no voy a estar de acuerdo en la financiación privada", comentó. El portavoz del PNV en la comisión de Infraestructuras, Iñigo Iturrate, pretendió convencer a los tres grupos anteriores con el argumento de que de un total de 440.000 millones, 70.000 millones serán de procedencia privada -de éstos, 39.000 en régimen de concesión de peajes-. "Así, no se puede hablar de financiación privada", remachó. A esta vía, el Departamento de Obras Públicas sumará los ingresos generados por la gestión de servicios varios, como gasolineras y hoteles de carretera. Ayer mismo, la comisión aprobó una normativa que permitirá por vez primera de manera legal autorizar la instalación de nuevas áreas de servicio en las carreteras de Vizcaya. A partir de su puesta en marcha, se abrirá un concurso público por el que se otorgarán las licencias. La Diputación espera conseguir a través de este sistema importantes ingresos.