Barranco imputa 54 escándalos al gobierno municipal y reclama al alcalde "que se vaya"

La dimisión del concejal de Obras, Enrique Villoria, un mes después de que se conocieran sus negocios privados ocupó ayer la mayoría de los comentarios en la Casa de la Villa. El PSOE echó mano del archivo y recordó lo que, a su juicio, constituyen todos los "escándalos" de los ocho años de gobierno de Álvarez del Manzano. Encontró 54. El portavoz socialista en el municipio, Juan Barranco, pidió al alcalde que siga el camino del edil Villoria y "que se vaya". IU, además de reclamar también el cese del regidor, exigió más control institucional sobre las empresas de los concejales.

El grupo municipal socialista presentó ayer un documento en el que figuran los 54 supuestos "escándalos" atribuibles a la gestión del alcalde José María Álvarez del Manzano entre 1991 y 1999.Por el informe desfilan, por ejemplo, las numerosas irregularidades descubiertas en la gestión del Consorcio Madrid 1992, presidido por el alcalde. El Tribunal de Cuentas destapó graves anomalías en la gestión (conciertos que se pagaron pero que no se celebraron, pagas extras sin justificación ninguna y no aprobadas por nadie y orquestas que cobraron pero que no tocaron jamás). El PSOE culpó al alcalde por ser el máximo responsable del consorcio.

Otro de los "escándalos" recordados por el PSOE es el de la venta, en 1992, del 49% de las acciones de la funeraria municipal. El Tribunal de Cuentas, tras investigar la venta, también destapó irregularidades en el proceso y obligó a la empresa privada Funespaña a devolver más de 2.000 millones al Ayuntamiento. Barranco aludió, asimismo, a la fracasada privatización de tres polideportivos, al intento fallido de cobrar multas por parte de la multinacional norteamericana EDS o a la "concesión de las gasolineras guardada en un cajón".

En el informe elaborado por los socialistas también se alude a que el PP, gracias a recalificaciones de terrenos y convenios urbanísticos, "ha regalado a Telefónica 6.000 millones de pesetas, y al arzobispado, más de 500 millones".

No se olvidó el PSOE de mencionar que la colocación y gestión de los chirimbolos se adjudicó a una empresa "cuyo dueño había sido procesado y condenado por irregularidades en Bélgica". Tampoco de que el padre del secretario de Aznar reside en una vivienda declarada ilegal por el juez "sin que el Ayuntamiento haya dado la orden de demolición". A esto, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, del PP, replicó que hasta que no existiera una sentencia firme y no recurrible "no se podía hacer nada".

Otro de los "escándalos" que han salpicado la andadura de Álvarez del Manzano es el de la explotación durante varios años por parte de unos privados de la escombrera ilegal de Las Cárcavas, en Hortaleza. "En este negocio han estado implicados miembros del PP", recordó Barranco.

"La plaza de Oriente, cuyo presupuesto era de 3.550 millones de pesetas, terminó costando 5.228 millones, y a las empresas que ejecutan las obras se les autorizó la construcción de una planta más de lo previsto del aparcamiento para residentes", continúa el informe.

"El escándalo de EDS, la falsificción generalizada de firmas de policías municipales en los recursos de multas de tráfico y todos los escándalos enumerados sólo han tenido una víctima: Villoria. El alcalde y los demás concejales no asumen ninguna responsabilidad", termina el escrito. Juan Barranco reclamó que Álvarez del Manzano "siga el camino de su colaborador más estrecho". "Porque, además, sin Villoria, lo que puede hacer el alcalde, que no se ha dedicado a otra cosa que a inaugurar túneles, es ir a procesiones y poco más", ironizó el portavoz socialista.

Negocios privados

El grupo municipal de IU también se refirió ayer a la marcha de Villoria y adelantó que en el pleno municipal de mañana presentará una propuesta a fin de que "se controlen de una manera más exhaustiva los negocios privados de los concejales, y en especial de los que gobiernan".Francisco Herrera, portavoz de IU, además de reclamar la dimisión del alcalde "por su lamentable situación", explicó lo que su prupo pretende: "Pedimos que los concejales, no sólo informen de sus empresas privadas, como se hace ahora, sino también de los clientes de esas empresas y de las relaciones de esos clientes con el Ayuntamiento".

Para Herrera, "sólo de esta manera los grupos de la oposición podrán dejar de trabajar como detectives privados y se podrían dedicar a lo que importa, esto es, a elaborar propuestas para la ciudad". El caso Villoria, a juicio de IU, ha revelado que los controles municipales se han mostrado "claramente insuficientes".