El fiscal rebaja de 24 años a 10 meses la pena para tres policías acusados de torturas

El fiscal rebajó ayer de los casi 24 años iniciales a diez meses de arresto su petición de pena para tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusados de torturar en una comisaría de Vitoria a dos detenidos en un atraco bancario. Según el representante de la acusación pública, los procesados no cometieron los presuntos malos tratos con intención de obtener información, por lo que su acción puede ser calificada de circunstancial. Los denunciantes habían sido arrestados tras cometer un atraco en marzo de 1994.

Los tres acusados, para los que el fiscal pide también un total de 30 años de inhabilitación especial, negaron en el transcurso de la vista oral haber permanecido junto a los detenidos en las dependencias judiciales tras la operación policial, realizada el 2 de marzo de 1994. El fiscal reduce a diez meses la pena solicitada para los tres policías. Dos de los agentes habían sido retenidos junto a otros rehenes dentro del banco. Los atracadores fueran detenidos después tras una espectacular persecución en coche por las calles céntricas de Vitoria. Según la versión del único de los detenidos presente en el juicio, uno de los agentes procesados le golpeó reiteradamente en la cara y en el cuerpo mientras otro de ellos le insultaba y amenazaba. Los peritos médicos que intervinieron en la vista resaltaron la existencia de un hematoma en el ojo de uno de los detenidos así como la constatación de dolores "subjetivos" en otras zonas del cuerpo. Los tres agentes -Luis G.G., instructor de las diligencias; Salustiano O.G., secretario, y José Antonio S.M., policía en prácticas- negaron haber estado en contacto con los arrestados en las horas posteriores a su detención dentro de las dependencias policiales. El responsable del grupo, cuya vinculación con los delitos según el fiscal se limita a su posición jerárquica dentro de la policía en el momento de los hechos, aseguró haber comprobado que un detenido presentaba un golpe en el ojo. En el capítulo de conclusiones, el fiscal subrayó su rechazo ante este tipo de circunstancias, pero manifestó sus dudas ante la denuncia de malos tratos expresada por los dos detenidos. Recordó que no habían identificado a los procesados dentro de una rueda de reconocimiento y la demora con la que habían señalado a los dos policías retenidos en el banco como autores de las torturas. El acusador público puso de relieve que la actuación de los agentes pudo llegar más como una pequeña "venganza" por este hecho, que como un sistema para obtener información. Asimismo, resaltó la levedad de las lesiones apreciadas por los forenses como indicio de una agresión no reiterada sino más bien circunstancial. Tanto el abogado de la defensa como la letrada del Estado solicitaron la libre absolución de los policías inculpados.