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Tribuna:

Pecadores por justos

Verdaderamente son extrañas las cosas que nuestro Estado, un Estado teóricamente laico y no confesional, está dispuesto a hacer en relación con una confesión religiosa como es la Iglesia católica. Y de entre esas extrañas cosas, las que se refieren a la educación son, a mi juicio, las que se llevan la palma. En primer lugar, acepta firmar un tratado internacional, el Concordato entre España y la Santa Sede, en el que un Estado extranjero condiciona una parte de la educación de sus propios ciudadanos. Lo que hayan o no hayan de estudiar nuestros hijos, aunque sólo sea en una pequeña parte, depende de negociaciones diplomáticas en las que el Estado que nos representa renuncia a su completa y total soberanía sobre lo que compone el currículo de sus centros escolares, admitiendo así de manera implícita, que otras instancias están más interesadas o tienen mejores razones para decidir en cuestiones de educación. Y es que una cosa es que existan argumentos en favor de la enseñanza religiosa en un país de fuerte tradición católica como el nuestro, o de que sea importante conocer las raíces religiosas de mucho de nuestro patrimonio cultural y social, y otra muy distinta que las razones de esa conveniencia escapen al normal debate educativo entre la comunidad escolar, el Parlamento y los responsables del Ministerio de Educación, para convertirse en una norma que otro Estado impone y el nuestro acepta.Y no se crea que es exageración lo que digo. La discusión acerca de dónde deben cursarse esas enseñanzas y quiénes pueden impartirlas, sobre sus contenidos, o sobre su extensión a todos o sólo a una parte de los escolares, afecta a la naturaleza de la enseñanza pública y merece un tratamiento sereno y racional. Lo que ocurre, según me ha demostrado la experiencia en debates sobre la enseñanza religiosa en instituciones públicas, es que, en cuanto una de las partes no consigue convencer a la otra u opina que las cosas están discurriendo por derroteros no deseados, alega sin el menor empacho que hay un tratado internacional, firmado por nuestro Estado, que obliga a actuar conforme a sus puntos de vista, dígase lo que se diga y razónese como se razone a propósito de esas actuaciones. La discusión puede ser ilustrativa, y hasta agradable, entre personas civilizadas, pero, en lo fundamental, resulta más bien ociosa. Lo de la diplomacia no es, pues, una especie de circunstancia lateral ni una curiosidad, sino que resulta ser la ultima ratio en ciertos debates pedagógicos.

Pero las cosas extrañas no acaban ahí. La cesión de locales públicos para la educación religiosa católica supone una cierta contribución a esa confesión concreta. Sería mejor que este tipo de enseñanza se desligara por completo del ámbito de la escuela pública, pero no es mi intención discutir esta práctica. Lo que pasa es que esa contribución se complementa con el pago a profesores que no siguen los procedimientos de selección y reclutamiento habituales en todas las otras disciplinas. El Estado acepta que esas enseñanzas, impartidas en sus centros, las desarrollen profesores designados por otros pero pagados con los mismos fondos públicos con los que se paga a los que sí han sido seleccionados regularmente y responden ante él de su trabajo. Otra ruptura más de la norma habitual que no agota, sin embargo, el catálogo de extravagancias.

Aunque la dejación de responsabilidades en el control de conocimientos, programas o aptitudes pedagógicas de esos profesores me parece menos aceptable, algunos podrían pensar que no es demasiado grave al afectar únicamente a los alumnos que voluntariamente han escogido seguir la clase de religión. El problema es que la enseñanza religiosa, voluntariamente escogida por algunos, afecta también a todos los demás en lo que, a mi juicio, es el culmen de los despropósitos en este asunto. Y es que los obispos están empeñados en no dejar en paz a los niños que no deseen seguir la clase de religión. Parece como si pensaran que los atractivos de su disciplina no son suficientes para competir con la alternativa de volver a casa o jugar en el recreo. De ahí la exigencia de programar enseñanzas alternativas obligatorias para todos los que no elijan la clase de religión. No parecen estar convencidos de su capacidad de persuasión ante la propia grey, y exigen que los demás sean obligados a pagar algún precio; se pretende así que los que deciden voluntariamente recibir enseñanza religiosa no tengan la impresión de sufrir una carga que otros no tienen. No parece esta actitud del todo acorde con la continua reivindicación de la capacidad de sacrificio de sus fieles, sobre todo si se observa que hay muchas otras enseñanzas no regladas, escogidas por las familias o por los propios escolares, que suponen un esfuerzo suplementario sin que se le ocurra a nadie exigir que a los otros, a los que han decidido que podían prescindir de ellas, se les impida usar su tiempo como mejor deseen. Eso, y no otra cosa, es exactamente lo que ocurre con las llamadas enseñanzas sustitutivas de la clase de religión: un modo de impedir que los que no deseen acudir a ellas lo hagan impunemente.

Lo que ocurre es que, una vez aceptado ese principio, queda por dilucidar la naturaleza de las enseñanzas alternativas y de si deben ser evaluadas en la escuela o no, momento en que lo extraño empieza a convertirse en francamente estrafalario. En efecto, se aduce con frecuencia que cosas como la ética, la formación cívica o la historia de las religiones podrían ser materias sustitutivas debido al interés que tienen para la educación integral de los futuros ciudadanos en una sociedad democrática. No puedo estar más de acuerdo; lo que pasa es que si eso es así, también lo es para los niños que hayan escogido asistir a las clases de religión católica. Si los responsables de diseñar el currículo escolar llegan a la conclusión de que una enseñanza determinada es imprescindible, sean cuales sean sus razones, entonces esa enseñanza debe pasar a formar parte del corpus de conocimientos exigibles a todos. Otras propuestas posibles son, en realidad, actividades recreativas; pueden ser formativas, pero no pueden tener el mismo status que cualquier otra asignatura, empezando por su obligatoriedad, que resulta por completo artificiosa, y terminando por la no menos forzada evaluación que ahora se pide. Y es que la enseñanza de una religión determinada en un Estado laico es, por fuer-

za, algo suplementario, algo que se añade al conjunto de enseñanzas regladas comunes a todos los escolares; no puede ser parte del currículo obligatorio ni puede implicar cambio alguno en los planes de quienes no deseen seguirla. El resultado de no querer reconocer esta sencilla circunstancia es la necesidad de imaginar alternativas que o bien son impropias de un programa escolar oficial o bien deberían formar parte del currículo común y no ser un obligado suplemento para los otros. Los sucesivos Gobiernos no han mantenido, a mi juicio, la actitud a que les obliga su alta responsabilidad de conducir un Estado no confesional, separando con claridad la protección de derechos y libertades religiosas de lo que son sus obligaciones en materia de enseñanza pública. Dicho sea entre paréntesis, en este tipo de debates existe siempre la tendencia a confundir la plena libertad para difundir y expresar cualquier creencia, que nadie pone en cuestión, con la utilización de los poderes públicos en el fomento de alguna de esas creencias, que es una cosa bien distinta sobre la que cabe opinar sin atentar en lo más mínimo contra ese principio de libertad. Pues bien, según se desprende del borrador de real decreto sobre actividades alternativas a la asignatura de religión, el actual Gobierno está dispuesto a ir más allá del ya discutible equilibrio al que se había llegado en los últimos años, y doblegarse a las exigencias de los obispos en la imposición de cargas a quienes opten por no seguir sus doctrinas. Que los que se resistan pasen exámenes fuera de toda lógica pedagógica y sufran de alguna incomodidad añadida. Ello, sin duda, confortará doblemente a quienes decidan acudir a clase de religión: por los méritos de lo que allí aprendan y por la situación en la quedan los otros.Solía decirse que a veces pagan justos por pecadores. Lo que está ocurriendo con esta desdichada cuestión de las enseñanzas alternativas es lo contrario. Pagan los pecadores, es decir, los que optan por una enseñanza laica, por los justos, que son los que, en uso de su libérrima voluntad, han decidido cursar la enseñanza de la doctrina católica.

Cayetano López es catedrático de Física de la Universidad Autónoma de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de marzo de 1999