Un constructor del 'caso Zamora' dice que "nunca jamás" entregó un cheque a Aznar

El constructor César Martínez Omaña manifestó ayer ante el instructor del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, que "nunca jamás" entregó un cheque para la campaña de José María Aznar a la presidencia de la Junta de Castilla y León en 1987. El constructor Eduardo Corrales señaló a Omaña como uno de los empresarios que entregaron un talón a Aznar, y añadió que éste, agradecido, prometió que aquel dinero se multiplicaría por cien en el futuro. Entre 1989 y 1996, Omaña recibió adjudicaciones forestales por 316 millones de pesetas.

"Yo no doy millones a nadie, sobre todo con la falta que a mí me hacen", manifestó Martínez Omaña a los informadores, después de su comparecencia. Por lo demás, el constructor negó, como ya había hecho anteriormente, que entregase un cheque a Aznar como contribución a su campaña a presidente de la Junta de Castilla y León. Desmintió igualmente la supuesta reunión celebrada con Antonio Sangregorio y Miguel Vecino en el hotel Meliá de Valladolid donde habría tenido lugar la entrega de dos talones por un importe total de tres millones de pesetas y en la que Aznar, siempre según la versión de Eduardo Corrales, les habría dicho que ese dinero se multiplicaría por 100 en el futuro.Martínez Omaña explicó que sólo ha visto a Aznar en dos o tres actos electorales a los que asistió porque era militante del PP, según su abogado, Luciano Muriel.

Sin embargo, Martínez Omaña fue uno de los constructores más beneficiados por la Diputación de Zamora y por la Junta de Castilla y León. Entre 1989 y 1996 recibió adjudicaciones de la Junta por importe de 316 millones de pesetas, sólo desde la Consejería de Medio Ambiente, en trabajos de repoblaciones y reforestaciones (151 millones de forma directa a sus empresas y 164 millones en UTE con la sociedad sevillana Sefosa).

Martínez Omaña aparece relacionado con varias condenas por delitos fiscales. Una de las sentencias se refiere a que Hacienda rechazó la desgravación de una factura de gastos por "mecheros AP", en relación al pago de encendedores de propaganda de la antigua Alianza Popular.

Por la mañana compareció el constructor Manuel Tabara, quien también negó haber pagado comisiones a cargos del PP de Zamora a cambio de la adjudicación de obras.

Durante cerca de dos horas, el constructor imputado declaró sobre los trabajos que realizó para la Diputación de Zamora, y que sólo en el año 1989 ascendieron a más de 600 millones de pesetas. Su abogado, José María Stampa Braun, comentó que este imputado negó "por supuesto" el pago de comisiones y "cualquier acción para forzar adjudicaciones".

La empresa Hertasa, propiedad de Manuel y Heliodoro Tabara, recibió adjudicaciones por más de 700 millones de pesetas desde que se destapó el caso Zamora en abril de 1997 hasta el pasado mes de diciembre, según informó la Cadena SER. Entre estas adjudicaciones se cuenta la de 324 millones para que Hertasa realizara obras de mejora en la carretera de Villadongos a Gavilanes. Tanto Martínez Omaña como Manuel Tábara fueron interrogados sobre los métodos de adjudicación descritos en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

Firmas en blanco

Según dicha denuncia, bajo la presidencia de Luis Cid Fontán, en fechas próximas a 1987, había en las dependencias de la Diputación impresos dirigidos a su presidente en los que constaba una aceptación genérica de ofertas para contratar mediante el sistema de adjudicación directa. Tales impresos, según el fiscal Anticorrupción, estaban "firmados en blanco por diversos constructores, entre ellos César Martínez Omaña y Manuel Tábara Lobo, representantes de las empresas Cemosa y Hermanos Tábara, respectivamente".Dichos impresos se utilizaban para completar ficticiamente las tres ofertas requeridas legalmente. Así, se decidía previamente al expediente la adjudicación a un constructor; se completaban los espacios en blanco de los tres impresos, asentando la oferta económica más baja en el impreso firmado por el constructor a quien se hubiese proyectado adjudicar la obra y las más altas en los dos impresos restantes, aparentando de ese modo la mayor ventaja para la corporación.

Según el fiscal Anticorrupción, "las adjudicaciones así realizadas se iban alternando entre los distintos constructores, de modo que al cooperar éstos aportando sus firmas en blanco, asumían en ocasiones la condición de adjudicatario, y en otras las de contratistas concurrentes".

El sistema descrito originaba que hasta 1987 no existiera en las adjudicaciones de obras ninguna baja con relación al presupuesto de ejecución -coincidiendo exactamente ambas cantidades-, puesto que el proceso de adjudicación no era el legalmente previsto.

El conjunto de los datos analizados por los querellantes del PSOE de Zamora pone de manifiesto que este tipo de contrataciones se realizaban prácticamente a "a dedo" y "con grave perjuicio para los intereses de la Diputación y en beneficio de unos pocos empresarios vinculados al Partido Popular".

Según el abogado de la acción popular Jacobo Echeverría, que representa a los querellantes del PSOE, Manuel Tabara admitió en su declaración que "trabajaba mucho" para la Diputación de Zamora, en la realización de obras públicas. Sobre Martínez Omaña, el acusador dijo que durante su declaración atravesó "situaciones de auténtica dificultad" al tener que explicar determinados expedientes de obras. Por su parte, el instructor del Supremo ha requerido a la Agencia Tributaria de Zamora para que le remita un certificado del expediente tributario del imputado Casto Lorenzo Ortega, ex vicepresidente de la Diputación, correspondiente a los años 1983 a 1993.