Pena de 3 años para los dueños del autobús accidentado en Francia. Condena "ejemplar"

La justicia francesa condenó ayer a un año de prisión firme y a dos de prisión condicional por homicidio involuntario, a los propietarios del autobús de la empresa Hermanos Monllor de Sant Vicent del Raspeig (L"Alacantí), por el accidente ocurrido en julio de 1995 en una autopista francesa. En el siniestro perdieron la vida 22 pasajeros y otros 18 resultaron gravemente heridos. Al conductor del autocar se le impuso una condena de dos años de prisión condicional.

El Tribunal Correccional de Nimes (Francia) leyó ayer su fallo en presencia de los acusados, el empresario Juan Manuel Monllor Lillo, el gerente Vicente Picó García, y el chófer, Salvador Reche Sánchez. Los dueños del autobús tendrán que ingresar en la cárcel, aunque no de forma inmediata. Esto "es lo único positivo" de la sentencia, "que mis clientes duerman esta noche en España", dijo ayer a El PAÍS desde Francia el letrado de los empresarios, Ruiz Marco, quien explicó que contra el fallo cabe recurso ante el Tribunal de Apelación de Nimes. Sólo una sentencia favorable de este tribunal impediría el ingreso en prisión. El abogado declaró que la sentencia aún no está notificada por escrito. "Vamos a esperar a leerla detenidamente para preparar el recurso", dijo. Al margen de las penas de prisión, el fallo judicial obliga a los responsables de Hermanos Monllor a pagar ocho multas de 3.000 francos (1.200.000 pesetas aproximadamente). El conductor tendrá que abonar dos multas de 2.500 francos, unas 125.000 pesetas. El accidente, el más grave ocurrido en Francia en los últimos 16 años, se produjo a la 1.15 de la madrugada del 10 de julio de 1995, cuando el autocar, un Scania de dos pisos que cubría el trayecto Amsterdam-Barcelona, circulaba a 109 kilómetros por hora por la autopista A-9 a la altura de Roquemaure, en el departamento de Gard, cerca ya de la frontera española. Lanzado a una velocidad superior a la autorizada en ese tramo, el autocar chocó contra un remolque que salía de un área de servicio, y después de varios volantazos fue a empotrarse en la mediana de la autopista antes de desplomarse sobre un costado. Algunos de los pasajeros salieron despedidos, pero otros sufrieron una muerte atroz, aprisionados entre la chatarra. De los muertos, 15 eran españoles, cinco franceses, uno belga y uno holandés. Los familiares de las víctimas (todas jóvenes de entre 16 y 25 años) se personaron en la causa como acusación particular. Según los testimonios aportados por el chófer y su ayudante en el juicio celebrado el pasado enero, ninguno de ellos llegó a pasar una noche fuera del autobús en los 10 días que llevaban en la carretera cubriendo el trayecto Alicante-Amsterdam-Alicante. Según esa versión, desde el 29 de junio y hasta la fecha del accidente los conductores cubrieron más de 9.000 kilómetros prácticamente sin interrupción, sin cumplir el descanso semanal de 36 horas ni respetar las ocho horas de parada por cada 30 de trabajo. El autocar fue contratado por la empresa valenciana Star Bus a Hermanos Monllor de Sant Vicent del Raspeig. El fiscal de la República había solicitado para el conductor 18 meses de privación de libertad, y tres años de suspensión del permiso de conducir. A los dueños del autocar les reclamó dos años de prisión para cada uno de ellos. El tribunal ha respetado en su condena la petición de multas del ministerio público francés.Nada más iniciarse el juicio, el 25 de enero pasado, los abogados de los empresarios alicantinos y del chófer del autocar siniestrado olfatearon que una absolución para sus clientes era casi inalcanzable. El amplio eco que alcanzó el accidente en Francia, las pruebas que aportó la Gendarmería (descubrió que los dispositivos que dan fe de la velocidad y de las horas de conducción habían sido manipulados), y la contundente acción popular ejercida por los familiares de las víctimas, hicieron sospechar a los letrados que el Tribunal Correccional de Nimes dictaría una condena ejemplar. Así ha sido, ya que el juez ha elevado, incluso, la petición del fiscal de la República a un año más de prisión, si bien sólo uno de los tres años que falla la sentencia leída ayer se debe cumplir en la cárcel.