Cargos de Sanidad se escudan en el secreto judicial para no responder a la oposición

Los dos altos cargos de la Consejería de Sanidad que ayer comparecieron ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas por el brote de hepatitis C eludieron las preguntas de los diputados, escudados en el secreto sumarial y en una supuesta falta de competencias. Tanto el director general de Salud Pública, Francisco Bueno, como la jefa de la UESCA, Amparo Flores, respondieron únicamente que las clínicas que participan en el plan de choque contra las listas de espera se revisan periódicamente y reunen los requisitos adecuados, aunque algunas "no presentan los papeles correctamente". Bueno especificó, no obstante, que el brote sólo apareció en una de ellas.

Con las dos declaraciones de ayer finalizaron las comparecencias previstas ante la comisión de la hepatitis C, que apenas ha obtenido información sobre el brote epidémico, y que ahora debe elaborar el dictamen de la ponencia para su debate en el pleno el 14 de abril. El secreto sumarial, que impedía a los comparecientes facilitar datos relativos al informe epidemiológico entregado al juez el pasado mes de octubre, dejó sin respuestas muchas de las preguntas relativas a los motivos de la aparición del brote, las fechas de mayor incidencia de la enfermedad o las cuestiones de política sanitaria que pudieron contribuir a su extensión, entre otras. Preguntados por los controles a las clínicas privadas adscritas al plan de choque, los dos altos cargos de la consejería afirmaron que todas ellas cumplen los requisitos adecuados, aunque la jefa de la Unidad de Evaluación Sanitaria y Calidad Asistencial (UESCA), que es la que establece los criterios de revisión, reconoció que en las inspecciones se detectan papeles incorrectos, lo que a su juicio es "normal". "Siempre hay un registro incorrecto y hay que llamar a capítulo a la clínica", a la que se da un plazo para que subsane el problema, explicó Flores, que calificó de defecto "sin más repercusión que la administrativa", el hecho de que en algunos historiales clínicos no exista por ejemplo la hoja de consentimiento informado. Flores explicó que desde la creación de la UESCA, en abril de 1997, se han realizado 400 revisiones de centros concertados, con una periodicidad semestral y que antes de 1995 "no consta" que se hicieran inspecciones de este tipo. Negó que el hecho de que algunos médicos compatibilicen sanidad pública y privada haya podido contribuir a la extensión del brote, aunque tildó de "inadmisible" que se haga dentro del horario de trabajo. Bueno, por su parte, alegó que no es de su competencia valorar el tema de las compatibilidades o el de las anomalías de los centros, aunque recordó que el brote apareció en uno de ellos. "No me estoy negando a colaborar, pero no me obligue a cometer un delito", contestó al socialista Antonio Moreno, quien hizo constar su protesta, al igual que EU-Els Verds, al ver que sí respondía a las preguntas del PP, mientras remitía a la oposición a su anterior comparecencia, en octubre de 1998. Ayer, el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, acusó a la oposición de intentar "instrumentalizar políticamente" el brote de la hepatitis C al relacionarlo con el plan de choque contra las listas de espera. El consejero añadió que "las elecciones hay que ganarlas en otro ámbito y no sólamente con la demagogia en Sanidad" y dijo que "no es bueno mezclar problemas tan importantes como la hepatitis C con los problemas políticos".