El instructor del 'caso Zamora' cursa los suplicatorios de dos parlamentarios del PP

El magistrado instructor del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, propuso ayer a la Sala Segunda del alto tribunal que curse un suplicatorio al Congreso pidiendo autorización para proceder contra el diputado del PP José Manuel Peñalosa, y otro al Senado con la misma intención respecto al senador del mismo partido Dionisio García Carnero, según informaron fuentes del Supremo. La decisión, según dichas fuentes, "era inevitable" desde el momento en que se admitió la querella del caso Zamora, y se ha aplicado de acuerdo con la más reciente doctrina de la Sala.

El instructor delegado del Tribunal Supremo para el caso Zamora, en el que se investigan supuestas comisiones ilegales desviadas al PP a cambio de adjudicaciones de obras, solicitó ayer a la Sala Segunda que curse los citados suplicatorios contra el diputado Peñalosa y el senador García Carnero, a fin de poder proceder a interrogarles sobre los hechos que se relatan en la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción y la querella del PSOE de Zamora. A partir de ahora, si, como parece previsible, la Sala Segunda da curso a los suplicatorios, éstos deberán enviarse a las respectivas Cámaras a través de la Presidencia del Tribunal Supremo.El senador del PP Dionisio García Carnero fue responsable de Obras y posteriormente desempeñó una vicepresidencia en la Diputación de Zamora de 1989 a 1993. José Manuel Peñalosa, actual portavoz del Grupo Popular en la comisión de control de RTVE del Congreso de los Diputados, desempeño también una vicepresidencia de la Diputación de 1987 a 1991 y fue presidente provincial del PP de 1988 a 1995.

Los suplicatorios se remitirán a las Cámaras pidiendo autorización para proceder contra Peñalosa y García Carnero por los supuestos delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones, tal como figuran en la querella interpuesta por nueve cargos socialistas de la Diputación Provincial de Zamora.

La medida, según fuentes del Supremo, ha sido adoptada de acuerdo con la más moderna doctrina de la Sala, que establece que los aforados deben ser interrogados acerca de los cargos que se les imputan previa concesión de suplicatorio. En procesos aún recientes, como el caso Filesa, los aforados del PSOE como el senador Josep María Sala o el diputado Carlos Navarro prestaron declaración voluntariamente ante el instructor sin que mediase suplicatorio.

Según las fuentes consultadas, la decisión era "inexorable" desde el momento en que se admitió a trámite la querella. Sin embargo, en el auto de admisión a trámite, dictado el pasado diciembre, la Sala estimó que "en este momento, no concurren las circunstancias legalmente precisas para solicitar del Senado y del Congreso la necesaria autorización para proceder contra las personas aforadas".

Primeras comparecencias

Ha sido ahora el instructor, después de las primeras comparecencias de imputados y testigos, quien ha tomado la iniciativa de instar las autorizaciones que anuncian que se dispone a interrogar como imputados a los dos parlamentarios del PP.

Aunque del contenido de las declaraciones de denunciantes como el constructor Eduardo Corral o imputados relacionados con el PP como Casto Lorenzo y José Crespo Neches apenas ha trascendido poco más que ratificaciones genéricas o negativas frente a las imputaciones, la decisión del instructor deja traslucir que parece llegado el momento de abordar la participación de ambos aforados.

Es decir, parece llegado el momento en que, según la doctrina citada por el jefe de la fiscalía Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en su denuncia, debe producirse "un enriquecimiento de la investigación para el mejor esclarecimiento de los hechos".

Peñalosa y García Carnero aparecen también referenciados en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Según dicha denuncia, en las presuntas irregularidades descritas en las adjudicaciones de contrato de obras misma consta la participación de José Manuel Peñalosa que, con independencia del cargo directivo que desempeñó en el PP, intervino en las decisiones colegiadas del Pleno de la Diputación Provincial. Cuando preparó su denuncia, el fiscal consideraba prematuro dirigir la acción penal contra él. De Dionisio García Carnero el fiscal dijo que si bien "tomó formalmente decisiones presuntamente irregulares, lo hizo siempre como presidente accidental" y en menor número que otros imputados.

La declaración de Luis Cid Fontán, prevista para ayer, tuvo que suspenderse al no poder asistir a la misma el fiscal por un asunto familiar grave.