Los partidos de Lizarra solicitan observadores de la ONU para el proceso de paz en Euskadi

Los firmantes de la Declaración de Lizarra, PNV, HB, EA e IU, quieren que la ONU envíe observadores internacionales al País Vasco para que hagan un informe sobre el proceso de paz. La proposición no de ley será debatida el próximo día 30 y pide al secretario general del organismo internacional, Kofi Annan, que estudie la formación de una comisión para evaluar si las diferentes fuerzas vascas tienen "igualdad de oportunidades para materializar sus proyectos políticos". La propuesta, que debe tener el visto bueno del Gobierno central para que sea viable, ahonda en la estrategia del Pacto de Lizarra de internacionalizar el proceso. El portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, calificó de "grotesca" esta iniciativa.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, comentó tras la reunión del Consejo de Ministros que "no deja de tener su sarcasmo que mientras alguno de los firmantes del Pacto de Lizarra justifica a diario que se conculquen derechos fundamentales, tengan la desfachatez de pedir, después, observadores internacionales". "Es tan grotesco, absurdo y sarcástico que no hay que prestarle demasiada atención", resumió antes de advertir de que "especular" ahora sobre cómo el Gobierno puede canalizar la petición del PNV, EH, EA e IU "es hacer el juego a lo que es absurdo y un fuego de artificio".La expresión "sarcasmo" fue utilizada también por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. "Es un sarcasmo intolerable, y pido a PNV y EA que en lugar de tanto espectáculo emplacen a EH a abandonar la violencia callejera, que está dejando a PP y PSE en inferioridad de condiciones ante las próximas elecciones", manifestó, informa Los promotores de la iniciativa lo veían de forma muy distinta. "Va a ser una propuesta muy importante", anunciaron los servicios de prensa del PNV en los pasillos de la Cámara vasca mientras los parlamentarios autonómicos estaban enfrascados en un debate. Aunque la proposición no de ley todavía se estaba cocinando discretamente en los fogones de los grupos nacionalistas y de IU, se dispararon los rumores. "Piden observadores internacionales de la ONU", se atrevían a aventurar, medio en broma, en las oficinas de algunos grupos parlamentarios.

Los partidos de Lizarra se propusieron después de las elecciones autonómicas vascas, celebradas el 25 de octubre pasado, "internacionalizar" el acuerdo con la divulgación de su contenido. Pero la única referencia a una posible intervención de la ONU -como ha sucedido en países de África, Centroamérica o Asia, en procesos electorales tras guerras civiles- la hizo el pasado martes, en tono irónico, la socialista Rosa Díez. La coportavoz del PSE comentó que, al ritmo que lleva la violencia callejera, iba a ser necesaria una comisión de observadores para vigilar el proceso electoral vasco, ya que los ataques a cargos públicos del PP y socialistas iban a dificultar la confección de las listas para las elecciones municipales, forales y europeas del 13 de junio.

Era una ironía. Pero los nacionalistas le tomaron ayer la palabra y presentaron una proposición no de ley invitando a la ONU a que envíe una comisión de observadores al País Vasco para que elaboren un informe sobre el proceso de paz. Los partidos nacionalistas e IU disponen de mayoría parlamentaria suficiente para que prospere esta iniciativa en la Cámara de Vitoria: 43 escaños, frente a los 32 que suman PP, PSE y UA.

La propuesta fue leída en euskera por la parlamentaria de EH Esther Agirre, y en castellano por el portavoz del PNV, Joseba Egibar. Consta de dos puntos y una justificación, en la que, tomando como pie con cierta sorna la idea de la dirigente socialista, se propone que sea llevada a la práctica. "La dificultad de un proceso [de paz] de esta naturaleza no sólo resulta conocida por todos, sino que, como demuestran experiencias comparadas de mayor o menor analogía, resulta previsible contar con un ritmo discontinuo de desarrollo y que aparezcan en el camino impedimentos que irrumpan de manera voluntaria o involuntaria", se dice en la proposición. Seguidamente se indica que los observadores internacionales deberán analizar la igualdad de oportunidades que el ordenamiento jurídico-político vigente ofrece a las diferentes opciones políticas vascas para materializar sus proyectos, en clara alusión a la falta de encaje constitucional de las opciones independentistas. También propone que se estudie la situación de los derechos humanos en la comunidad autónoma, y las decisiones y actuaciones que desarrollen todos los agentes actuantes, tanto desde los poderes públicos -especialmente los policiales y judiciales- como desde los diferentes protagonistas políticos y sociales. Asimismo, se requiere que se vigile el desarrollo de las elecciones del 13 de junio.

En el segundo punto, instan al Gobierno vasco, a las instituciones públicas y a las asociaciones y ciudadanos, a que colaboren y presten el más amplio apoyo al trabajo que los observadores internacionales desarrollen en Euskadi. No se incluye alusión alguna a la violencia callejera.