Un jefe de la Seguridad Social de Elche, condenado por vender datos

La Audiencia de Alicante condenó ayer a un alto funcionario de la Tesorería de la Seguridad Social de Elche, a un auxiliar administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda y al responsable de una empresa de investigaciones mercantiles, por el delito de cohecho. Los condenados se dedicaron durante ocho meses, hasta que fueron descubiertos, a la obtención ilícita y la compra-venta de datos protegidos correspondientes a trabajadores y empresas afiliados al régimen de la Seguridad Social.

Evelio Ibáñez, jefe de negociado de la Tesorería General de la Seguridad Social en Elche, fue condenado a ocho meses de prisión menor, multa de 1.160.000 pesetas y seis años y un día de inhabilitación especial por cohecho, y a un mes y un día de arresto y multa de 100.000 pesetas por violación de secretos. El tribunal también condenó por cohecho a Juan Ramón Sirvent Villo, auxiliar administrativo de la Consejería de Economía y Hacienda, y a José Juan Aracil Cruañes, responsable de la mercantil Aracil Cruañes, sociedad general de investigación mercantil. A los dos procesados se les impuso la misma pena que al funcionario de la Seguridad Social, excepto la inhabilitación. ¿Quién no ha recibido por correo publicidad de empresas con las que jamás ha mantenido contacto? Una de las vías por la que estas firmas obtienen datos personales ha quedado al descubierto en Alicante. Sólo en ocho meses, el responsable de un negociado de la Tesorería de la Seguridad Social en Elche, adscrito al área de afiliación de la Administración, obtuvo ilícitamente más de 10.000 informaciones de trabajadores de diversas provincias españolas. Más de un 95% de los datos se obtuvieron, según el fiscal, en horas en las que no se atiende al público. Según la calificación del fiscal, asumida por los condenados, en agosto de 1994 el empleado de la Consejería de Economía se puso en contacto con Evelio Ibáñez para que éste le proporcionara datos de trabajadores y empresas a cambio de 200 pesetas por cada consulta. El alto funcionario de la Seguridad Social aceptó el trato y desde ese momento extrajo entre 300 y 400 datos mensuales para entregárselos al funcionario de la Administración autonómica, quien a su vez los entregaba a la empresa de José Juan Aracil. Esta firma, radicada en la Avenida de Conde Soto Ameno de Alicante, tiene como objeto social la investigación mercantil y la obtención de datos. Esta mecánica se mantuvo hasta el mes de mayo de 1995. Evelio Ibáñez leyó en la prensa informaciones de casos similares al suyo descubiertos por la policía y decidió cerrar el traspaso de datos. Por esas fechas, cuatro funcionarios de la Seguridad Social en Alicante fueron detenidos por facilitar listas de afiliados a empresas de propaganda y de mailing. La información obtenida ilícitamente por Ibáñez se refería a la situación laboral de los trabajadores (alta o baja) y a las empresas a las que pertenecían. Entre agosto de 1994 y mayo de 1995 consultó a 3.671 empresas y 10.048 trabajadores. La calificación fiscal sostiene que, de esas consultas, 5.800 fueron pagadas, por lo que los beneficios que pudo obtener el alto funcionario alcanza la cifra de 1.160.000 pesetas. El juicio, señalado para ayer, no llegó a celebrarse, ya que los tres acusados llegaron a un acuerdo por el que se les rebajaron las penas.