Los populares no ven indicios de ilegalidades en los documentos aportados por su ex presidente en Tenerife

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, que se reunió anoche en Madrid, no observa ningún indicio o prueba de que las denuncias de corrupción formuladas por Francisco de la Barreda, expresidente del partido en Tenerife y diputado nacional, sean algo fiable. Al contrario. Tampoco ha encontrado ningún documento entre los aportados ayer por De la Barreda a la Fiscalía Anticorrupción, y en su día a dirigentes del PP, que ratifique un comportamiento irregular de algún miembro de este partido.Pese a ello, después anunció que iniciará un expediente en relación con los hechos denunciados. Asimismo, "al tener conocimiento" de que De la Barreda entregó al fiscal Anticorrupción "una parte de los documentos aportados en su día a la Dirección Nacional para justificar sus denuncias", enviará "la totalidad de los documentos" a esa Fiscalía.

El expresidente del PP en Tenerife se negó a aportar datos en el PP sobre las agresiones a la abogada Julia Bango porque el asunto está bajo el secreto de un sumario judicial. En la dirección del PP interpretan que esa negativa es muy indicativa. Es más, apuntan que De la Barreda podría acabar sus días en el PP en un futuro no muy lejano si se demuestra que sus denuncias no tienen fundamento.

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, respondió en el Congreso a una pregunta de un diputado socialista sobre este asunto reprendiéndole por su actual "exceso de celo" por los problemas internos de otro partido mientras en su día el PSOE bloqueó el trabajo del juez Marino Barbero sobre el caso Filesa.

De la Barreda se personó en la mañana de ayer en la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y registró una denuncia con documentos que podrían implicar irregularidades del Gobierno canario. Se trata del mismo documento que el denunciante remitió el 27 de septiembre al presidente del PP en Canarias, José Miguel Bravo de Laguna. Un informe que también envió a la dirección del partido en Madrid, sin consecuencias. Más tarde, el pasado 2 de febrero, De la Barreda entregó en Madrid a un miembro de la organización territorial del PP, Tomás Burgos, más papeles con 10 presuntos casos de corrupción que afectarían tanto a dirigentes del PP como de Coalición Canaria, entre ellas la recalificación urbanística en el Ayuntamiento de Tegueste, gobernado por CC, que está en el origen de la agresión contra la letrada.