China incluye en su Constitución la propiedad privada como base del desarrollo del país

La Asamblea Nacional Popular (ANP, Parlamento chino) aprobó ayer, mediante el voto secreto, varias enmiendas a la Constitución de 1982, una de las cuales reconoce, por primera vez en 50 años, la importancia de la economía privada como soporte de la planificación estatal. "Las enmiendas aprobadas hoy son la expresión del éxito de la campaña de reforma y apertura", señaló Li Peng, presidente de la ANP. "Ahora la Constitución china es más perfecta, se ajusta a las realidades del país y favorece el avance del pueblo hacia un socialismo con características chinas".

Con la enmienda del artículo 11, que ha sido el hueso duro que se han visto obligados a roer los ortodoxos del Partido Comunista Chino (PCCh), se eleva el protagonismo de la iniciativa privada, que pasa de ser algo secundario a "un importante componente de la economía de mercado socialista"."Se ha institucionalizado la propiedad privada", asegura un analista a EL PAÍS, tras reconocer que el tema estaba confuso pues coexistían formas experimentales con otras que sobrevivieron a la Revolución Cultural. Tal vez sea en la tenencia de la tierra donde más se evidencie el cambio. Hasta ahora, la propiedad de la superficie era prerrogativa del Estado por lo que sólo era posible transmitir el derecho de uso por un tiempo máximo de 100 años. En la medida en que esta restricción se aplicaba también a los terrenos de las viviendas, frenaba el desarrollo inmobiliario.

Sin atreverse a cuestionar, al menos sobre el papel, la dictadura del proletariado, la nueva Carta Magna china representa, según coinciden todos los analistas, un nuevo paso histórico en el lento pero imparable desmantelamiento del comunismo en la nación más poblada de la Tierra. De nada sirvieron las advertencias de los diputados más ortodoxos que, aunque aprobaron con entusiasmo otra enmienda al artículo 28 que sustituye las actividades contrarrevolucionarias por "delitos contra la seguridad del Estado", lanzaron una advertencia contra las reformas económicas de carácter liberal. "Estos planes son erróneos y peligrosos. Dispararán el paro y crearán inestabilidad social", advirtió Yu Jiangming, asesor económico del Gobierno, en una clara alusión al hundimiento progresivo del comunismo, proceso que ya ha originado unos 30 millones de desempleados.

Con la sesión de ayer, de cuyos votos en contra no se ha informado oficialmente, se pone fin a unas sesiones calientes de la ANP en las que salieron victoriosas las tesis del primer ministro, Zhu Rongji, tercero en la jerarquía de poder en China, quien abogó por seguir adelante con las reformas, reestructurar las empresas estatales en quiebra y combatir el paro y la corrupción. En el apartado de la corrupción se incluye, en el artículo 5, la expresión "imperio de la ley", principio constitucional que supone un serio aviso contra el abuso de poder, los privilegios y la malversación de fondos públicos dentro del PCCh.

La enmienda del artículo 8 otorga una mayor independencia a los agricultores en la elección de sus dirigentes y su reforma pretende, según los comentaristas políticos, desactivar el descontento en el campo, donde son frecuentes las protestas de los campesinos contra los caciques. El artículo 6 se mantiene como salvavidas de la dictadura del proletariado: garantiza la supremacía del sector público a pesar de que se reconocen diversas formas de propiedad complementarias.

Los cerca de 3.000 diputados aprobaron también cambios en el prefacio de la Constitución que consagran a Deng Xiaoping como guía ideológico de la nación y como padre de las reformas económicas emprendidas en 1978, cuando el Pequeño Timonel asumió el poder. De esta forma Deng Xiaoping se coloca en el altar del comunismo, junto a Mao Zedong y Karl Marx, y sus teorías se convierten en principios constitucionales. La pregunta que se hacen ahora los analistas es si conseguirá Zhu, el zar de las Finanzas, su objetivo de reestructurar las 370.000 empresas estatales sin dañar el tejido social y sin provocar una nueva legión de parados.

Detrás de este proyecto, el reformista Zhu, el político más admirado de China, ha insistido en estas sesiones de la ANP en la necesidad de implantar en el país un sistema de pensiones y protección social moderno, para contar con el apoyo del pueblo. Desde la fundación de la República Popular China en 1949, la Constitución fue reformada en 1954, 1975, 1978 y 1982, y sometida a ligeras modificaciones en 1988 y 1993, para adecuarla a los retos del socialismo con características chinas.

Un gran avance

La decisión de la ANP no parece haber sorprendido a las autoridades de Hong Kong, informa "Hace ya tiempo que en

[las regiones] del sur de China toman como modelo la ley empresarial de Hong Kong", manifiesta Janice Tse, vicerrepresentante de esa Región Administrativa Especial ante la Unión Europea. "Así que no, no es una sorpresa, sino un gran avance", añade Tse, que ayer estuvo en Madrid. "China va a abrir su economía y sus mercados y

[esos cambios constitucionales] lo hacen más claro". La posibilidad de que las nuevas medidas incrementen la competitividad de China tampoco preocupa en Hong Kong.