La feria alicantina critica al Ayuntamiento de Elche por su "afán recaudador"

La deuda que la Institucion Ferial Alicantina (IFA) mantiene con el Ayuntamiento de Elche por impago de impuestos municipales, calculada en más de 100 millones de pesetas, cubrió ayer un nuevo capítulo con una declaración institucional en la que los deudores criticaron "el afán recaudatorio" del Consistorio ilicitano. Representantes de todos los sectores productivos de la provincia, reunidos en el comité ejecutivo de IFA, dieron su respaldo a la feria, rechazaron el pago de la deuda por vía ejecutiva y solicitaron al alcalde de Elche, el socialista Diego Macià, que se siente a negociar. Los empresarios se confesaron "sorprendidos" por la decisión de la Corporación ilicitana de cobrar a IFA los recibos impagados por vía ejecutiva, según dijo Rafael Calvo, presidente de la Federación de Industriales del Calzado de España (FICE). El respaldo que ayer mostró el comité ejecutivo de la institución a la decisión de no firmar el convenio de pago con el municipio que acoge las instalaciones, implica el apoyo de todas las patronales de la provincia, principalmente las del mueble, el calzado, el helado, los juguetes y la construcción. La solicitud fue concreta: Elche debe reconocerse como parte "implicada y beneficiada" en la instalación del recinto ferial en la ciudad, y ha de buscar "una solución para los sectores de la provincia". Las distinta patronales "no entienden" que después de los "esfuerzos" realizados por los empresarios y la Generalitat se cree una situación "fuera de lo normal", según el presidente de IFA, Francisco Soto. Pero el más contundente fue Calvo: "El Consistorio debe aportar su granito de arena para la continuidad de la institución". La negativa a la firma del convenio entre los responsables de IFA y el Ayuntamiento llevó al equipo de Gobierno del socialista Diego Macià a remitir el cobro de la deuda histórica del recinto ferial por vía ejecutiva, encargándose a Suma la recaudación de los diversos impuestos municipales que la institución adeuda desde 1991. El requerimiento por vía judicial de la deuda implicará un incremento notable del importe final, ya que a la cantidad inicial habrá de añadirse los intereses de demora.