Otra vez la religión

LA CONFERENCIA Episcopal Española ya tiene quien le escriba, a juzgar por el borrador de real decreto sobre las actividades alternativas a la asignatura de religión. En una larga exposición de motivos, el Ministerio de Educación, en tono más pastoral que legislativo, desemboca en la teoría de que los alumnos que no acudan a clase de religión deben recibir "una enseñanza ética que les ofrezca una reflexión propiamente filosófica sobre el mismo hecho de la moralidad". El consiguiente paso normativo es que los alumnos que no quieran recibir formación religiosa deberán asistir a una clase de ética, equiparada en valor académico a aquélla.Ocurre que el Tribunal Supremo ya ha fijado doctrina en dos ocasiones para esta polémica cuestión, sentenciando que "nadie está legitimado por la Constitución para imponer a los demás la enseñanza de cualesquiera otras religiones o sistemas morales". Por ello, la Administración de 1994 (socialista) optó por la ampliación de conocimientos culturales de carácter general para aquellos alumnos que no escojan la clase de religión. En un sistema educativo neutral, como el español, no es posible que el Estado imponga el cumplimiento de los deseos de un grupo religioso. El Tribunal Supremo, en la sentencia del 31 de enero de 1997, dictamina que "no es razonable aceptar que quien desee valerse de una garantía constitucional de formación religiosa, no obligada para quien no se acoja voluntariamente a ella, tenga un derecho constitucional a imponer que las condiciones pactadas (...) se extiendan a actividades alternativas no cubiertas con dicha garantía".

La religión es de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria para los alumnos. Es evaluable, pero no tiene peso en la nota media para la selectividad y las becas. Tampoco su actual alternativa es evaluable, aunque sí obligatoria. Consiste en 38 grupos de actividades; entre ellas, América Latina, asociaciones juveniles, biblioteca escolar, periódico mural, juegos lógicos o juegos de mesa. No ha habido sobresaltos graves en el desarrollo práctico de este diseño educativo de 1994. Por eso extraña que el Gobierno del PP entre a saco en la materia, apuntándose con descaro a las pretensiones de la Iglesia, una de las partes en conflicto. Aznar tiene todo el derecho a creerse protagonista de una segunda transición, pero debería respetar el modo en que la única realmente existente resolvió una cuestión, la religiosa, que tanto dolor ha causado a este país.