Cuatro diputados regionales de IU se declaran 'okupas' ante el Tribunal Superior

Cuatro diputados regionales de IU se ratificaron ayer como okupas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de Carlos Paíno, Luis Miguel Sánchez Seseña, Mariano Gamo y Juan Ramón Sanz. Todos ellos fueron citados como imputados de un delito de usurpación después de que en el verano de 1998 se autoinculparan como okupas, junto a otros 600 ciudadanos, en apoyo a los jóvenes que, hasta su desalojo el pasado 22 de diciembre, tomaron un edificio público vacío de Lavapiés, conocido como El Laboratorio. Con su postura, los parlamentarios pretenden que se despenalice la okupación, castigada con multas de tres a seis meses o arresto en caso de impago.

Los cuatro parlamentarios son los primeros de los 600 autoinculpados llamados por el juez. Al tratarse de aforados, por su condición de diputados, sus declaraciones se han efectuado en el Tribunal Superior de Justicia, y no en los juzgados ordinarios. Se trata de los primeros diputados de todo el Estado que participan en una autoinculpación en apoyo al movimiento okupa.Los diputados se ratificaron como culpables del delito de usurpación y explicaron que, aunque no vivieron en El Laboratorio, en Embajadores, 68, participaron en charlas debates y conciertos celebrados en él. Consideran que la okupación de este bloque de Lavapiés, que llevaba tres años inutilizado, fue una "desamortización", tal y como explica Mariano Gamo.

El juez les preguntó si la okupación se realizó sin el permiso de los propietarios, en este caso el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que el Código Penal considera usurpación el uso de un inmueble "sin autorización debida". Ellos afirmaron que así fue, pero justificaron su actitud criticando que una institución pública "deje abandonado un edificio con las necesidades de vivienda y de centros sociales que hay en Lavapiés".

La okupación de El Laboratorio, una antigua sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), se inició el 19 de abril de 1997. Pero el edificio estaba incluido en los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, que, tras su desalojo y derribo, quiere destinar el solar a aparcamiento con una zona verde en su superficie.En el barrio había disparidad de opiniones sobre la presencia de los jóvenes en el bloque.

Si el juez decide seguir adelante con el caso tendrían que pasar por el Tribunal Superior los otros 600 autoinculpados, entre los que hay intelectuales y artistas como Javier Sádaba, Alfonso Sastre, Vicente Molina Foix, Montxo Armendáriz, Andrés Aberasturi, Pilar Bardem, Quintín Cabrera o Juan Genovés. Esa posibilidad alargaría el proceso varios meses.

Por el contrario, un archivo del caso serviría a los okupas como artillería legal para poner en cuestión el carácter delictivo de la usurpación de viviendas vacías. Sería un baluarte más para su propuesta de despenalización. En una o dos semanas, la fiscalía del Tribunal Superior debe decidir.

"Estamos aquí porque compartimos inquietudes con el movimiento okupa, que saca a la luz los problemas de empleo y vivienda que sufre la juventud mientras existen numerosos inmuebles vacíos", explica Juan Ramón Sanz, portavoz del grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid.

"No es que nosotros propugnemos la okupación; desde luego es algo que no figura en nuestro programa, pero lo que sí reclamamos es que deje de considerarse un delito y vuelva a contemplarse, como sucedía antes, dentro del Código Civil, no del Penal", añade Sanz. Antes de que en 1995 entrase en vigor el actual Código Penal, estos casos solían resolverse por la vía civil, en general más lenta, con un simple desalojo que no acarreaba consecuencias penales. Sanz critica el tratamiento policial que, en su opinión, se da al movimiento okupa y pone como ejemplo los 160 detenidos del desalojo de un edificio en La Guindalera (Salamanca).

"Puede que en un movimiento tan amplio haya minorías violentas, pero también las hay en el fútbol y nadie criminaliza a todos los aficionados a este deporte ni pide que se ilegalice", añade. "Nosotros siempre estamos en contra de cualquier violencia", concluye Sanz.

La citación judicial a los parlamentarios parte del expediente administrativo presentado por Economía y Hacienda en el verano de 1998 para pedir la expulsión de los okupas. Los jueces autorizaron el desalojo e iniciaron diligencias penales contra los autoinculpados a instancias del fiscal.