El Supremo cita como imputados en el 'caso Zamora' al ex presidente de la Diputación y a 7 constructores

El Tribunal Supremo ha citado a declarar a otros 10 imputados en las diligencias del caso Zamora, que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de comisiones ilegales derivadas de la adjudicación de obras. Tendrán que declarar como imputados Antolín Martín, ex presidente popular de la Diputación, que destapó el caso en 1997, y siete de los más relevantes constructores supuestamente implicados en la trama, además de dos diputados provinciales del PP, uno de ellos aún en activo.El juez instructor, José Antonio Martín Pallín, ha pedido también nuevos datos bancarios de empresas relacionadas con el constructor Eduardo Corrales. Este último declaró el pasado lunes que había pagado 12,5 millones de pesetas a la Diputación de Zamora a cambio de la adjudicación de obras. El magistrado también ha pedido al juzgado número 3 de Zamora unas cintas en las que se recogería un intento de comprar el silencio de Corrales.

El 22 de marzo declararán el ex diputado de Sanidad y Bienestar Social Vicente Vaquero y el constructor Maximino San Gregorio (hermano de Antonio San Gregorio, quien supuestamente entregó un cheque a Aznar en 1987, según Eduardo Corrales). El día 23 se cita a los propietarios de la constructora Hertasa, Heliodoro y Manuel Tábara (éste último responsable del PP y de la CEOE en la comarca de Benavente), y a César Martínez, un constructor con varias condenas por asuntos fiscales.

El seis de abril se llama a los constructores Luis Blanco y Herminio Montero. Un día después declarará el ex diputado de Turismo y Carreteras, y actualmente diputado de Urbanismo, Felipe García, y también el constructor Basilio Marcos. El día 8 se cierra la nueva tanda de citaciones con el ex alcalde de Zamora y ex presidente de la Diputación con el PP Antolín Martín.

Grabaciones de Corrales

El juez instructor ha solicitado nuevos datos bancarios sobre Eduardo Corrales y sobre algunas de las constructoras de las que formó parte (Alcovi S.A., y Construcciones Vidala) a las sucursales en Zamora de la Banca Nacional de París y del Banco Pastor, así como al Banco Bilbao Vizcaya de Ortuella (Vizcaya). El instructor probablemente intenta comprobar si los movimientos de las citadas cuentas coinciden con las declaraciones que el lunes hizo Corrales sobre los pagos efectuados en forma de comisiones para recibir obras de la Diputación.El magistrado Martín Pallín ha solicitado asimismo unas cintas grabadas por Eduardo Corrales en 1997. En ellas se recogen conversaciones suyas con otros dos empresarios zamoranos, al menos uno de ellos incluido en las diligencias. El contenido de esas cintas refleja cómo se le ofrece un acuerdo a Eduardo Corrales, supuestamente por indicación de responsables del PP, para que rectificara sus acusaciones y guardara silencio. Se le llegan a ofrecer 35 millones de pesetas, según se desprende de esas conversaciones.

Las cintas están en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Zamora, que sigue una querella por injurias contra Corrales que debe ratificar el presidente del Gobierno, José María Aznar. Corrales declaró ante la Fiscalía de Zamora que había tenido conocimiento de que entre abril y mayo de 1987 el entonces candidato de AP a la Junta de Castilla y León recibió tres millones de pesetas en dos cheques de constructores zamoranos para su campaña electoral.

Por otra parte, ayer se aplazó la declaración de otro querellado, Aurelio Tomás, actual vicepresidente tercero y portavoz del PP en la Diputación de Zamora. Su abogada alegó que no le había sido comunicada la denuncia del fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y pidió tiempo para estudiar el caso.

La próxima semana están citados en el Supremo como imputados los ex diputados Eustaquio Villar, Victorino Llordén, Casto Lorenzo y José Crespo, así como el ex vicepresidente de la Diputación y actual parlamentario regional del PP, Luis Cid, bajo cuyo mandato se instauró una forma de adjudicación irregular de obras, según el fiscal.

Se desconoce cuando se pedirá el suplicatorio para interrogar a los aforados del caso, el diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García.