Las familias de las víctimas del Bazar España pedirán un peritaje alternativo al que achaca el desastre al viento

El informe pericial que dice que un viento catastrófico derribó 110 toneladas de escombros sobre cinco personas que esperaban el autobús junto al muro del viejo Bazar España de Sevilla ha provocado un cierto respiro de alivio en los propietarios del solar -Ayuntamiento de Sevilla e Inmobiliaria Osuna- e indignación en las familias de las víctimas. Éstas han anunciado que van a solicitar un nuevo peritaje, en este caso a ingenieros, ya que consideran que el informe es tendencioso y está lastrado por cierto corporativismo al haber sido realizado por arquitectos sobre el trabajo de otros arquitectos. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, José Herrera, recibió el informe el pasado lunes e inmediatamente dio traslado a las partes para que presentaran alegaciones. Las defensas, tras leer los casi 100 folios del estudio, han confirmado que encargarán un peritaje alternativo a dos ingenieros para que definan los materiales, situación real y altura del muro. Para ello pretenden contar con el apoyo del PSOE, cuya personación en la causa aún no está totalmente aceptada, al igual de la de IU. Por su lado, el delegado de Urbanismo de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, señaló a Efe que las "contradicciones e inexactitudes" que ha hallado el peritaje en el trabajo del Ayuntamiento "no tienen relevancia sobre las causas del derrumbamiento" y agregó: "Desde que se produjo el accidente mortal hemos estado tranquilos y con la conciencia de haber actuado correctamente". Fuentes judiciales indicaron ayer que la atribución a causas naturales catastróficas del desastre del pasado 31 de diciembre encamina al archivo la investigación judicial, ya que los hechos tendrían difícil encaje en la vía penal. No obstante, los afectados podrían abordar la vía civil para intentar hallar responsables y lograr eventuales indemnizaciones. Los abogados de las defensas, que ya han celebrado varias reuniones, han solicitado numerosas comparecencias en el juzgado, aunque por el momento no han solicitado ninguna de responsables políticos. Las 10 partes personadas -cinco familias, dos propietarios de vehículos, el arquitecto Luis Recuenco, la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento de Sevilla- tienen cinco días, desde que reciban oficialmente el informe, para manifestar al juez su opinión sobre la prueba pericial. De esta forma, la decisión del juez sobre qué hacer con la causa quedará pospuesta, casi con total seguridad, para después de Semana Santa.