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La Junta presenta un recurso administrativo para exigir al Gobierno la liquidación de los presupuestos de 1997

Alejandro Bolaños

El Gobierno central y la Junta de Andalucía han incorporado un nuevo asunto a su larga lista de desavenencias. En esta ocasión, las diferencias institucionales han impedido, según el Ejecutivo andaluz, que las arcas regionales cuenten con 15.000 millones de pesetas más. La Junta mantiene que el Gobierno ya debía haberle pagado la parte (el 2%) de los Presupuestos Generales del Estado de 1997 que no se anticipó. Y en vista de que el Ministerio de Economía no se pronuncia, decidió ayer interponer un recurso contencioso-administrativo. "En el ámbito administrativo, el silencio también es una respuesta", apuntó el portavoz del Gobierno autonómico, Rafael Camacho, tras anunciar a los medios de comunicación la iniciativa aprobada por el Consejo de Gobierno. Camacho aseguró que la Consejería andaluza de Economía se había dirigido al Ministerio para reclamar el pago de las cantidades asignadas por los presupuestos de 1997 al Gobierno autonómico que aún no han sido abonadas. "La ley de los presupuestos de 1997 indicaba que ese pago debía realizarse en el tercer trimestre del año siguiente", explicó el portavoz del Gobierno andaluz para justificar la decisión del Consejo de Gobierno. Los 15.000 millones reclamados corresponden a la liquidación de la participación de la comunidad autónoma en los ingresos del Estado de 1997. La participación en los ingresos del Estado es la principal vía de financiación para aquellas comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, todas gobernadas por el PSOE) que rechazaron el acuerdo de 1996 por el que el Gobierno central cedía la gestión de un tramo del IRPF a las autonomías. El 98% de la participación (750.000 millones para Andalucía) se entrega al principio del ejercicio, mientras que el 2% restante se liquida un año después. Tribunal Constitucional El portavoz del Gobierno andaluz insistió en diferenciar este recurso administrativo de los que ha planteado la Junta al Tribunal Constitucional durante los últimos tres años sobre los Presupuestos del Estado. En estos último, el Ejecutivo regional reclama fundamentalmente que el porcentaje de participación de Andalucía en los ingresos del Estado refleje el crecimiento de la población desde 1998. Eso sí, en el último recurso a la ley de presupuestos de 1999, la Junta también aprecia que el Gobierno no ha previsto un crédito para hacer frente a la liquidación de los presupuestos de 1998. "Es una argucia, una cortina de humo de Manuel Chaves", señaló el portavoz adjunto del PP en el Parlamento andaluz, Salvador Fuentes sobre el recurso de la Junta. Fuentes consideró "normal" el retraso en la liquidación y aseguró que la intención del Gobierno andaluz es "tapar los 80.000 millones de déficit que no contabilizó en 1997".

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