El Defensor del Menor alertó en 1997 sobre los retrasos en las ayudas a niños

Los retrasos en el cobro de las subvenciones que la Comunidad de Madrid concede a niños de familias necesitadas para evitar su internamiento en residencias públicas no son nuevos. Ya en abril de 1997 el Defensor del Menor, Francisco Javier Urra, transmitió al Gobierno regional las quejas llegadas a su oficina por este asunto. El problema entonces era similar al que han sufrido ahora 400 familias que llevan desde el 22 de diciembre sin cobrar esta subvención de 15.000 a 30.000 pesetas mensuales.

Urra recomendó en 1997 a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que concede las ayudas, que tomara medidas para evitar el problema. Y así lo hizo esta institución con el presupuesto de 1998. "Servicios Sociales acordó con Hacienda reservar una cantidad de dinero a finales de 1997 que permitiese pagar las subvenciones de los meses de enero y febrero del año entrante, fechas en las que todavía no dispone de dinero líquido del presupuesto", explica Urra. Pero las demoras se han repetido.El Defensor del Menor destaca que las 400 familias afectadas por los retrasos de este año cobrarán con carácter retroactivo las cantidades que no perciben desde diciembre. "Pero personas con esa situación de necesidad no deben sufrir esas demoras", apostilla.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un presupuesto de 190 millones de pesetas para estas ayudas, con lo que la Hacienda regional tiene ya vía libre para pagarlas. La mayor parte de esa cantidad, 140 millones, se destinará a hijos de toxicómanos o presos que son criados por sus tíos o abuelos. Otros 43 millones se dedicarán a familias en situación de extrema pobreza que si no recibiesen este dinero tendrían que internar a sus niños en una residencia pública. La cantidad restante va dirigida a chavales tutelados por la Comunidad que al cumplir la mayoría de edad deben abandonar los centros donde viven.

El Gobierno regional asegura que este presupuesto se ha incrementado en 30 millones respecto al año pasado. La diputada de Izquierda Unida, Marina González, que sacó a la luz el problema, ha denunciado que todos los años el dinero destinado a estos programas se queda corto. "No se niega a nadie la ayuda, pero sí se reduce su cuantía", apostilla González. En 1998 se concedieron ayudas a 1.168 familias con cerca de 200 millones de pesetas.

No todos los destinatarios de estas subvenciones las perciben por el mismo periodo de tiempo. Unos la cobran durante meses hasta que su situación mejora y otros durante años.

El principal requisito para conseguir estas ayudas es tener ingresos familiares iguales o inferiores a una pensión no contributiva (500.000 pesetas al año). Además de este criterio económico se tienen en cuenta otros factores como si existen en la familia problemas graves de salud física o mental, las expectativas de trabajo y la disponibilidad de acceder a otras prestaciones sociales.

De los 5.000 niños de la región sobre los que la Comunidad ha tomado alguna medida de protección ante los problemas familiares, desatenciones o incluso el maltrato sufrido en sus hogares, cerca de 2.000 viven al cuidado de abuelos o tíos. Además, cada año, unos 180 chicos dejan las residencias y pisos tutelados regionales al cumplir la mayoría de edad.