10 AÑOS DEL PLAN CONCERTADO La financiación del Sistema Público de Servicios Sociales

El cumplimiento de los 10 años del Plan Concertado de los Servicios Sociales Comunitarios y de las prestaciones básicas que estos servicios garantizan en todo el Estado ha originado en Andalucía un intenso esfuerzo de reflexión sobre la importancia y el alcance de este instrumento. Las jornadas celebradas el pasado mes de noviembre en Guadix (Granada) han supuesto el colofón a este proceso de debate promovido por la Consejería de Asuntos Sociales durante todo el año y en el que han tenido un destacado papel las corporaciones locales y los profesionales de los servicios sociales. Sus conclusiones, recogidas en forma de manifiesto, plantean la necesidad de renovar y ampliar el esfuerzo realizado en el terreno de los Servicios Sociales Comunitarios como parte fundamental de una nueva etapa de consolidación de este sistema público. Las conclusiones de Guadix recogen como una de las principales necesidades la de completar el actual marco legal acerca de los derechos sociales que garantice en todo el Estado el conjunto de prestaciones básicas concertadas de servicios sociales, las rentas mínimas y las prestaciones socio-sanitarias, socio-laborales y socio-educativas orientadas a prevenir y superar cualquier forma de exclusión social. Esta ley ha de garantizar su financiación a través de mecanismos estables que aseguren el necesario equilibrio territorial y se fundamenten en criterios de nivelación de servicios. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha reivindicado la necesidad de esta Ley General de Derechos Sociales, preocupación compartida por el PSOE. Se ha visto también con preocupación la falta de iniciativa del Gobierno de la nación y del PP para aprovechar la favorable coyuntura económica en beneficio de los ciudadanos más necesitados, así como las actitudes inmovilistas cuando no beligerantes que adoptan ante iniciativas de mejora de las pensiones más bajas, de defensa del modelo y de las prestaciones del sistema público de salud o el estudio de nuevos tratamientos para drogodependientes en los que las soluciones existentes se han mostrado inadecuadas, por mencionar sólo algunos de los ejemplos más recientes. Estas actitudes son incoherentes no sólo con las adoptadas por la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), donde la lucha contra la pobreza y la exclusión, que el manifiesto de Guadix reivindica, ha sido convertida en objetivo prioritario de los respectivos gobiernos nacionales (Ley de Exclusión francesa o el Nuevo Contrato Social británico, por ejemplo), sino por el propio discurso que el Gobierno español debería mantener si quiere defender la existencia de los Fondos de Cohesión, sobre todo ahora que sus actuales responsables parecen haber comprendido que no se trata de pedir limosnas sino de construir una Europa solidaria y socialmente cohesionada. En este sentido, es igualmente preocupante que, mientras el gasto público en materia social ha mantenido un ritmo ascendente en los países de la UE (en 1970 era el 19% del PIB, en 1990 el 25% y en 1998 el 28,5%), en España la tendencia parece ser la contraria, ya que si en 1995 y 1996 se destinó el 23% del PIB a gasto social, las partidas aprobadas por el Parlamento para 1999 en este mismo apartado suponen sólo un 20,7% del PIB, lo que significa que, proporcionalmente, tenemos dos billones de pesetas menos para políticas sociales. Esta reducción del esfuerzo en gasto social supone una dificultad adicional para resolver los retos de consolidación de los Servicios Sociales Comunitarios que las jornadas de Guadix señalan entre sus conclusiones. Estos retos aluden, entre otros, a la ampliación y actualizaciones de la Red Pública de los Servicios Sociales, a un nuevo plan de dotación de recursos materiales y humanos que debe acompañarlo, al desarrollo de los sistemas de gestión e información, a la mejora de la integración y racionalización de los servicios y a todo un conjunto de actuaciones que la Consejería de Asuntos Sociales asume como propios para un nuevo Plan Concertado que refuerce el impulso y culmine el proceso iniciado en 1998. La demanda de los más de 400 profesionales, especialistas y responsables administrativos y políticos congregados en Guadix sintoniza con la opinión del 69,3% de los andaluces que, según la reciente encuesta del IESA-Andalucía sobre Calidad de Vida, se muestran de acuerdo con que el Gobierno dedique más dinero a ayudas y servicios a los más necesitados, aunque ello suponga incrementar los impuestos. Frente a ellos, sólo el 13,1% de los andaluces se alinean con la posición neoliberal que el Gobierno popular parece preconizar con la rebaja de los impuestos, aunque ello ponga en peligro la viabilidad de nuestros sistemas de protección. Este amplio consenso social sobre la necesidad de defender y mejorar nuestro todavía joven Estado de Bienestar debería hacer reflexionar a los responsables municipales de las grandes ciudades donde, según todos los datos, se han venido concentrando en los últimos años los problemas más acuciantes de pobreza y exclusión. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía seguiremos apostando por avanzar en el proceso de municipalización de las políticas de bienestar social y de los servicios sociales que, hay que recordar, se inició con los primeros ayuntamientos progresistas. Pero no tendría sentido que este proceso de descentralización se tradujera en una rebaja de los niveles de protección pública alcanzados, como parecen pretender quienes piden aquí una porción más grande sin comprometerse a defender fuera el tamaño de la tarta. Por seguir con el símil: exigir más recursos a la Junta y olvidarse de la deuda histórica, de los problemas del injusto modelo de financiación autonómica o del reconocimiento del censo real de población es algo que, con todas las guindas que vengan a ponerle los ministros durante los fines de semana, no puede calificarse más que de simple pasteleo electoralista. Va siendo hora de mayor coherencia y mayor compromiso. Los socialistas, desde nuestra acción de gobierno, seguiremos liderando el proceso de consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales que ha servido para superar la tradición de beneficencia y asistencialismo que había caracterizado al anterior Estado social autoritario. En las dos últimas décadas hemos protagonizado la creación de una red de centros de Servicios Sociales Comunitarios que garantizan un conjunto de prestaciones básicas en las que se incluyen la información, valoración y orientación a todos los ciudadanos, los servicios de ayuda a domicilio para personas mayores, discapacitados y familias con menores en situación de riesgo social, los programas de convivencia y reinserción para colectivos con necesidades y situaciones especiales, la cooperación para el desarrollo comunitario y los albergues y ayudas económicas para personas sin hogar y situaciones de emergencia social. Asimismo, se han desarrollado toda una serie de servicios especializados orientados a atender a grupos sociales con necesidades específicas (infancia, mujer, juventud, mayores...) o colectivos con necesidades especiales (como personas con discapacidades, drogodependientes, migrantes y minorías étnicas, entre otros) mediante líneas de actuaciones que definen una estrategia de intervención que contempla la promoción, prevención, atención, integración y reinserción social como vía de superar el mero asistencialismo. La relevancia de este Sistema Público de Servicios Sociales viene avalada por los más de tres millones de usuarios que atiende cada año. Ciudadanos a los que el Estado debe seguir garantizando el derecho a unas prestaciones básicas mediante la renovación y mejora del Plan Concertado.

Isaías Pérez Saldaña es consejero de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. [PI] Suscriben este artículo: Matilde Fernández, Cristina Alberdi, Patrocinio de las Heras, Tomás Fernández, José Nieto y Rafael Rodríguez Mejías.