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El Gobierno vasco propone al central un pacto sobre el alcance de su capacidad fiscal

El Ejecutivo vasco anunció ayer que planteará al Gobierno central un "pacto" para definir el alcance del Concierto Económico y la autonomía que garantiza para establecer normas fiscales diferenciadas, y evitar así los continuos recursos contra las normas que elaboran las haciendas forales. Las instituciones vascas, sensibilizadas por el reciente fallo de la Comisión Europea contra las ayudas a la planta de Vitoria (Álava) de la empresa coreana Daewoo, reaccionaron ayer al unísono contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anuló la norma foral de Guipúzcoa que establece un crédito fiscal del 45% para las empresas que inviertan más de 2.500 millones.La Diputación guipuzcoana recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo, que da la razón al Gobierno central. Frente a las tesis de los nacionalistas, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró en Bilbao que la sentencia no cuestiona el Concierto Económico, sino que juzga "una aplicación concreta" del mismo.

La sentencia del tribunal considera "dicriminatorio" y exagerado en su cuantía el crédito fiscal establecido -la exención de impuestos en los cinco años siguientes a la inversión por el 45% del importe de ésta- y estima que vulnera el artículo 4.c del Concierto, que obliga a las Administraciones vascas a evitar discriminaciones y distorsiones en la competencia empresarial. Las tres provincias vascas cuentan con los mismos incentivos fiscales a las inversiones empresariales.

Las instituciones del País Vasco denunciaron que la "judicialización" con "intereses políticos" de prácticamente todas las decisiones que se adoptan en uso de la capacidad normativa que reconoce al Concierto Económico en materia fiscal supone negarla en la práctica. Las organizaciones empresariales vascas se alinearon decididamente con las tesis de las diputaciones y censuraron la "inseguridad jurídica" que crean los recursos contra las normas fiscales.

Por ello, el portavoz del Gobierno de Vitoria, Josu Jon Imaz, defendió la necesidad de "un pacto de caballeros" con la Administración central "para crear un espacio de confianza y respeto" en este ámbito.

En términos mucho más beligerantes, el diputado general de Álava, el también peneuvista Félix Ormazabal, afectado directamente por el caso Daewoo, relacionó este nuevo revés con "una campaña, orquestada desde Madrid por los partidos estatalistas, de acoso y derribo contra todo lo vasco", informa Eduardo Ortiz de Arri. Ormazabal recordó que el Gobierno central ha recurrido 11 de las 14 normas fiscales dictadas por la Diputación alavesa durante esta legislatura.

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, respondió a estas declaraciones diciendo que Ormazabal "debería saber y sabe" que el actual Gobierno aumentó las capacidades normativas de las diputaciones con la ampliación del Concierto Económico, y ha defendido la existencia del régimen foral en el Código de Conducta europeo aprobado en 1997.

"Cada cual debe ser responsable de lo que hace", dijo Rato, quien insistió en que lo que se cuestiona es una aplicación concreta del Concierto y anunció que el Gobierno retirará algunos de los recursos interpuestos contra normas forales al "haber sido superados por el tiempo".

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