El PSC propone un plan que permita rescatar los peajes de las autopistas antes del año 2006

El presidente del Grupo Socialista en el Parlament, Joaquim Nadal, presentó ayer un plan que debería permitir la eliminación de los peajes en la red de autopistas antes del año 2006. El proyecto incluye la reducción inmediata de las tarifas de las autopistas dependientes de la Generalitat, las de las zonas metropolitanas y la creación de un fondo de compensación para indemnizar a las compañías. Asimismo, a partir del año 2006, los automovilistas pagarían una tasa por el uso de las autovías similar a la existente en diversos países europeos para financiar el mantenimiento de las vías.

Nadal insistió en la necesidad de poner fin al "modelo catalán", consistente en tener autopistas muy caras y alargarles las concesiones con, en ocasiones, incrementos de peajes. El plan presentado ayer por Nadal en el Parlament está inspirado en el estudio elaborado por Germà Bel, profesor de Política Económica en la Universidad de Barcelona y responsable de economía del PSC. El texto de Bel será pronto publicado por Òmnium Cultural en el volumen titulado L"estat dels peatges. La base de la propuesta del PSC es que el modelo español de peajes, decidido a finales de los años sesenta por la dictadura, es anómalo. Se diferencia del sistema empleado en los países nórdicos y centroeuropeos, donde no hay peaje, pero también de los países mediterráneos (Italia y Francia) donde sí hay peaje pero la gestión de las autopistas es pública. Esto permitió, durante la crisis de mediados de los años setenta, que estos países siguieran construyendo autopistas, con los beneficios de las ya existentes, mientras que en España, donde el criterio de rentabilidad era central, se frenaba drásticamente la aparición de nuevas vías de peajes. En 1982, la llegada de los socialistas al Gobierno hace que se produzca un cambio en la política de peajes, promoviendo un modelo similar al nórdico (autovías gratuitas), con algunas inconsistencias: no se cierra la conexión Madrid-Valencia y no se termina el tramo Cervera-Igualada, señala Bel. Pero el asunto, tal como lo retoma el PSC y como lo expuso ayer Joaquim Nadal, es qué se puede hacer hoy para terminar con el desequilibrio claro que sufren los ciudadanos del litoral mediterráneo y de la cuenca del Ebro, más alguna otra excepción, condenados a peajes mientras el resto del territorio no lo paga. Y lo que se puede hacer, afirman los socialistas, es eliminarlos todos de forma gradual. Una de las primeras medidas es neutralizar la discriminación que produce el "modelo catalán" aplicado por la Generalitat con autopistas de peaje más caras que la media y prolongaciones de concesiones a cambio de nada. Nadal recordó ayer que el Gobierno catalán alargó en 1989 la concesión de Túnel del Cadí en cuatro años al tiempo que aumentaba el peaje en un 20%. Cuatro años más tarde, en 1993, se prolongó en 15 años la concesión de la autopista Terrassa-Manresa sin que hubiera contrapartidas y con el agravante de que en 1990 el peaje había sido aumentado en un 25%. "Hasta la invención del modelo catalán", dijo Nadal, "la prolongación de la concesión suponía una reducción del peaje". El modelo tiene otra peculiaridad, añadió, "el nombramiento como responsables de las autopistas de antiguos consejeros de la Generalitat, poniendo de relieve una interrelación entre la coalición gobernante y los intereses de las concesionarias". Nadal criticó también las concesiones "a dedo y sin concurso" de los tramos Rubí-Terrassa y Sitges-El Vendrell, ambas concesiones han sido anuladas por sentencia no aplicada. La liquidación del modelo catalán debe empezar por la "equiparación de los peajes de las autopistas de la Generalitat y del Estado", permitiendo que todas cuesten al usuario en torno a las 10 pesetas el kilómetro; la segunda medida es la rebaja a los usuarios habituales de las autopistas concesión del Gobierno catalán: la A-16, los túneles del Garraf y el Cadí y la de Terrassa-Manresa. Una segunda medida sería la eliminación de los peajes de la primera corona metropolitana de Barcelona: Mollet, la B-30 y el peaje no troncal situado en la salida de Martorell. Para el rescate global, el PSC, siguiendo las directrices de Bel, propone la creación de un fondo, con dinero procedente de los impuestos de las concesionarias y la anulación de los pactos de 1997 y 1998 que autorizaron la prolongación de las concesiones de Aumar y ACESA, manteniendo las rebajas logradas. Las concesionarias recibirían las compensaciones oportunas que se pagarían con parte de ese fondo y por el sistema de peaje a la sombra: compensación por la aportación que dejaría de hacer el usuario. El Gobierno catalán, por su parte, anularía de inmediato las prolongaciones concedidas a Túnel del Cadí y Autema sin haber obtenido compensación alguna. Las únicas vías que, a partir del 2006 podrían mantenerse como de peaje, serían las que dispusieran de otras paralelas gratuitas. Pero la gestión sería pública y no privada, con lo que la política de movilidad permitiría actuar sobre los precios con efectos disuasorios. La fecha del 2006 no es gratuita. Es el año en el que expiraría la concesión a Aumar si se anula la prolongación pactada en 1997; al mismo tiempo, el anuncio a largo plazo permite a las empresas programar su reconversión.