Una comisión del Gobierno británico critica el racismo de su sistema educativo

El mes de febrero ha marcado un hito para el futuro de la convivencia en el Reino Unido. Mientras un informe oficial calificaba a la policía londinense de "intrínsecamente racista", la Comisión para la Igualdad Racial, dependiente del Ministerio del Interior, hacía lo propio con el sistema educativo. Según su presidente, Herman Ouseley, la discriminación sería aquí de carácter "institucional". Una actitud tan arraigada que hace falta un debate nacional para frenar la sangría de menores negros que abandonan la escuela secundaria.En 1996, fecha de los últimos datos recopilados, 6,3 millones de escolares de 5 a 15 años acudía a diario a clase en Inglaterra y Gales (Escocia dispone de su propias normas en materia de Educación). El 11% (704.000), pertenecen a las mencionadas minorías étnicas. El Estado asegura su escolarización, pero lo sucedido de puertas adentro es ya otra cosa.

En igualdad de condiciones, un alumno británico de primaria negro y de origen caribeño, tiene cinco veces más posibilidades de ser expulsado a perpetuidad por motivos disciplinarios que el resto de sus compañeros blancos. En la secundaria, el mismo grupo sigue siendo echado del colegio para siempre tres veces más que el resto. Los negros de ascendencia africana suelen ser adultos que siguen estudios o cursillos de formación superior, pero no han nacido en el Reino Unido, según advierte la Comisión.

Una vez coronada la enseñanza obligatoria a los 15 años, las estadísticas sobre la población estudiantil británica arrojan cifras singulares en el intervalo comprendido entre los 16 y los 19 años. Entre los ciudadanos que no son de raza blanca, un 81% de los que han terminado la secundaria continúan y se preparan para cursar estudios superiores o acceden a la formación profesional. En el caso de los blancos, el correspondiente porcentaje es del 67%.

Pero los blancos tienen a la larga menos dificultades laborales que los indios, paquistaníes y negros africanos o caribeños, principales grupos minoritarios asentados en el Reino Unido.

El hecho de que una relativamente elevada proporción de los blancos dejen los estudios antes de tiempo no explica bien la incidencia posterior del desempleo, que les afecta en menor medida. Sin ir más lejos, un 11% de los jóvenes de raza negra que habían aprobado secundaria y un 6% de los asiáticos estaba en paro en 1997, cualquiera que fuese su grado de cualificación. En el caso de los blancos, el porcentaje es del 3%.

Si se habla de personas sin estudios, el paro afecta al 34% de los negros y al 13% de los blancos. Para la comisión racial, el desfase se fragua mucho antes y en un ambiente en apariencia cordial, las aulas infantiles.

Para Herman Ouseley, la cabeza visible de la Comisión, explicar estos datos es tan sencillo como doloroso. "El racismo es inherente al sistema educativo británico. Se hacen bellas declaraciones de principios y muchos particulares tienen buenas intenciones, pero el resultado es el mismo, un racismo institucionalizado", ha dicho. Al frente de un organismo avalado por el propio Parlamento, Ouseley ha formulado a sus miembros varias de las preguntas más punzantes de las últimas semanas: "¿Por qué se sigue expulsando a tantos negros del colegio? ¿Por qué escasean los maestros de otra raza que no sea la blanca? ¿Por qué están tan mal representadas las minorías étnicas en los centros de poder educativo?", interrogó la pasada semana al Gobierno laborista poco antes de la aparición del llamado informe Lawrence.

Destinado a modificar las relaciones raciales en el Reino Unido, dicho documento no sólo acusa a la policía de Londres de racista por no resolver el asesinato del joven negro Stephen Lawrence. Aprovechando un histórico momento de propósito de enmienda generalizado, solicita que las medidas para combatir el racismo empiecen en la propia escuela. Lograrlo supondrá reformar antes los programas de estudios, incapaces ahora de promover la diversidad cultural ni de prevenir los prejuicios raciales.

Una vez sentadas las nuevas bases para la verdadera convivencia, las propios centros docentes tendrán que asegurarse de que condenan la presencia interna de elementos racistas. En uno de los apartados más polémicos de sus propuestas, William Macpherson, juez jubilado y autor del informe Lawrence, pide a cada escuela que apunte cualquier choque de esta clase, informe de ello a los padres y publique luego una relación anual de los altercados, con nombres y apellidos. Para algunos pedagogos británicos, el papel de los alumnos no debe reducirse a ser señalados y avergonzados. La educación y no los castigos erradican el racismo, según ellos.

Para la Comisión para la Igualdad Racial, que estudiará a fondo las nuevas propuestas, el informe supone el primer paso hacia un cambio del sistema educativo británico.