Dos profesores cobran a sus alumnos de la UNED a través de una cuenta particular
La Universidad a Distancia abre una investigación para aclarar la irregularidad
Los dos centenares de alumnos de un curso de mercados financieros de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han ingresado 8.600 pesetas cada uno en una cuenta corriente particular cuyos titulares son el director del curso y uno de los profesores. El dinero se les solicitó para pagar el material didáctico del curso. La cuenta pertenece a Alejandro Conde López, profesor del departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y a Juan Francisco García Moreno, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y director del centro asociado de la UNED en Burgos.A los estudiantes se les dio instrucciones de ingresar el dinero en una cuenta corriente del Banco Central Hispano. El director del curso manifestó a este diario que no considera que cobrar a los alumnos de esta forma sea ilegal. Por el contrario, expertos jurídicos y universitarios consultados aseguran que lo sucedido es irregular y entra de lleno en la ilegalidad. "La venta de libros a alumnos, con el beneficio que esto representa, es una actividad incompatible con la función pública", según estas fuentes.
Sin titulación
El curso, titulado Mercados financieros: introducción al análisis y gestión de valores bursátiles, pertenece a los programas de enseñanza abierta de la UNED. Estos estudios puede realizarlos cualquier persona sin necesidad de titulación universitaria. Según fuentes del rectorado de la UNED, éste tuvo recientemente noticias de lo ocurrido y ha abierto una investigación reservada: "Lo ocurrido no es admisible, es totalmente ilegal. No se puede tolerar que un profesor cobre nada directamente a los alumnos. Cualquier tasa debe aprobarla la junta de gobierno y se tiene que canalizar a través de una cuenta pública". Tras la investigación, "el rectorado decidirá si es conveniente abrir un expediente disciplinario a los implicados", señalaron las mismas fuentes.Los juristas consultados manifestaron que a este tipo de actuaciones hacen referencia el Código Penal y la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Esta última ley señala en su artículo primero que el trabajo de una persona al servicio de la Administración es incompatible con las actividades "que puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia".
En el programa del curso de Conde y García Moreno figuran otros dos profesores. Uno de ellos es la hija de García Moreno, María de los Ángeles, cuyos apellidos constan con iniciales, y que aparece como "profesora colaboradora" de la Universidad Complutense de Madrid, una figura legal que no existe.
A los matriculados se les daban dos opciones: prepararse el curso con los manuales que los profesores les vendían por 8.600 pesetas o utilizar una bibliografía que consta de 10 libros, uno de ellos en inglés y otro en francés. Esa bibliografía se podía adquirir en las librerías especializadas por alrededor de 40.000 pesetas, y la mayoría de los alumnos -procedentes de toda España- no tenían fácil acceso a ella. Al haber elegido la primera opción todos los alumnos, excepto cuatro, la cuantía aproximada de los ingresos es de 1.700.000 pesetas.
La opción más sencilla
Los alumnos consultados, que prefieren no identificarse, eligieron la compra de los manuales y dan una explicación similar. Uno de ellos dice: "Me extrañó mucho que la cuenta estuviera a nombre de los profesores, pero lo acepté porque es más sencillo que te manden los manuales que tener que comprar o buscar 10 libros especializados". Otro señala que éste es el segundo curso de este tipo en el que se matricula y que le extrañó la diferencia: "En el otro, los libros estaban incluidos en el precio de la matrícula, que se paga directamente a la UNED".Alejandro Conde telefoneó a los cuatro alumnos que no eligieron la opción de comprar los manuales "por si necesitaban algo", señala el profesor. Algunos de los contactados protestaron por la llamada, que consideraban improcedente.
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