El PSOE pide que se investigue si la reordenación de Murcia beneficia al PP

¿Simple operación urbanística o financiación encubierta del PP? Al PSOE no le cabe duda. Alfonso Perales, responsable de política municipal de la ejecutiva socialista, denunció ayer que tras la recalificación en Murcia de 600 hectáreas de terreno propiedad del industrial Tomás Fuertes se esconde "una operación político-económica" para nutrir las arcas del PP. Perales recordó que fue un militante popular, Domingo Valera, exalcalde de Mazarrón, quien denunció la financiación ilegal del partido a través de empresarios murcianos. El grupo Fuertes, por su parte, negó haber recibido "ningún trato de favor".

Este periódico público ayer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia -redactado por el equipo de Gobierno del Partido Popular, fuertemente contestado por la opinión pública y aún pendiente de aprobación por el pleno municipal- pretende recalificar más de 600 hectáreas de terrenos propiedad de la familia Fuertes. De prosperar el plan, tanta extensión de terreno -similar a la que ocuparían 600 estadios de fútbol- pasaría de ser rústica -o lo que es lo mismo, imposible de edificar- a tener aprovechamiento urbanístico.El 36% del terreno susceptible de ser recalificado -que suma más de dos millones de metros cuadrados- fue adquirido por la familia Fuertes Fernández a partir de 1995, coincidiendo con la llegada del Partido Popular al poder, en un suelo que en aquel momento era imposible de urbanizar y, por tanto, a un precio muy asequible, entre siete y 20 pesetas el metro cuadrado. El grupo Fuertes, propietario de la firma El Pozo Alimentación y de varias empresas más, aseguró ayer, mediante un comunicado, que "nunca" ha recibido "trato de favor" por parte del Partido Popular, que gobierna por mayoría absoluta la región y la ciudad de Murcia. "Por el contrario", asegura en la misma nota, "han sido necesarias duras negociaciones para el desarrollo de los proyectos empresariales del grupo".

Esfuerzo inversor

"Debido al esfuerzo inversor del grupo Fuertes", añade el comunicado, "en la actualidad dispone de suelo urbano y rústico susceptible de ser recalificado en varios municipios de la región de Murcia. La recalificación de estos terrenos es inevitable, siendo indistinta la orientación política de los responsables municipales". Fuertes va más allá, y asegura que el PGOU "perjudica claramente" sus intereses al dejar parte de terreno de su propiedad sin recalificar y de ahí que hayan presentado más de 20 alegaciones al plan general.Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Ginés Navarro, del PP, declaró ayer que los redactores del plan desconocían quiénes eran los propietarios del terreno. Igual defensa esgrimió el día anterior -en declaraciones a este periódico- el propio alcalde, Miguel Ángel Cámara Botia: "No tengo ni idea de cuánto terreno tiene el grupo Fuertes, ni dónde lo tiene".

Este argumento fue duramente criticado por Alfonso Perales, responsable de política municipal de la Ejecutiva del PSOE: "Debe de ser un alcalde ciego y sordo, que ni se entera ni tiene curiosidad por saber lo que toda la ciudad sabe; debe darse mucha prisa en explicar si esta operación tiene algo que ver con la financiación de su partido".

Para Perales, la recalificación de los terrenos del empresario Fuertes es "una gran operación económica, un enorme pelotazo". Según el político socialista, el partido de José María Aznar -"que iba de don Limpio de la política española"- debe explicar ahora "qué pasa en Oviedo, y en Guadalajara, y en Orihuela, y en Murcia...; nueve parlamentarios nacionales y decenas de cargos públicos están siendo investigados". El candidato socialista a la alcaldía de Murcia, José Fuentes, declaró que su partido investigará hasta el final: "Sólo estamos ante la punta más llamativa de un enorme iceberg", aseguró.