Segunda división

Explican Javier Paniagua y José A.Piqueras, directores de la Biblioteca Historia Social, en el libro Poder Económico y Poder Político (Centro Francisco Tomás y Valiente, Valencia 1998), cómo "es en la sociedad que nace y se configura en el curso de los dos últimos siglos donde se reclama una lógica diferenciada en el funcionamiento de las actividades económicas, entendidas como prácticas privadas, y de la representación política, concebida como un ejercicio de servicio público". Para ellos "sobre esa presunta separación, inexistente en la sociedad señorial del Antiguo Régimen, se habría consumado una segunda división de poderes, tan importante como la sostenida por Montesquieu en el campo del Estado". Recordemos aquí las fechas porque Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède et de Montesquieu (1689-1755) publicó en 1748 en Ginebra De l"esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. Qué interesante además el título completo de la obra de Montesquieu con esa alusión a las costumbres, a la religión y al comercio pero sobre todo al clima sobre la que será necesario volver.Para nuestros autores del comienzo, de un lado queda el discurso ideológico, actualizado de vez en cuando, y de otra, la experiencia pródiga en abundantes impugnaciones, que ilustran la interrelación entre los poderes económicos y los poderes políticos basados, respectivamente, en el derecho de propiedad y en el de intervención en el gobierno de los asuntos públicos. A partir de aquí, pueden seguirse dos escuelas de pensamiento. La primera escuela es la de los que achacan esas interferencias, y la utilización consiguiente de las instituciones públicas en beneficio particular, a excepciones derivadas de imperfecciones legales, a transgresiones de las normas o al derecho que asiste a los poderes económicos para llevar a la administración pública a la adopción de las soluciones más convenientes a sus intereses. La segunda escuela es la de los que estiman que esas interferencias evidencian cómo los agentes económicos más poderosos propenden a supeditar en su favor los órganos de decisión públicos. Enseguida se impone analizar con qué intenciones siguen los citados agentes ese proceder. Puede que sea para mejorar su posición en el mercado, para acrecentar sus beneficios o para consolidar un determinado dominio social. Pero lo que es seguro, en cualquier caso, es que lo hacen convencidos de contribuir a nuestro bien, aunque al hacerlo corran el riesgo de transitar por caminos de incomprensión e ingratitud como le ha sucedido al otrora empresario y ahora biministro Josep Piqué, dispuesto a inmolarse.

En aquellos años de la Santa Transición, repetía el presidente del Gobierno Adolfo Suárez que a él le correspondía la tarea de establecer la primacía del poder político frente a todos los demás poderes sociales. De ahí que decidiera, por ejemplo, fijar su residencia en el Palacio de La Moncloa y dotar al cargo de preeminencias protocolarias y simbólicas. Se definía a sí mismo como un chusquero de la política pero consideraba que siendo el poder ejecutivo el único sometido a los electores y debía prevalecer frente, un suponer, el de los Urquijo. Con la transición aspirábamos a que el Estado tuviera independencia frente a los grupos económicos y que, por ejemplo, la política exterior en relación a los kurdos fuera algo más que la resultante de los contratos de venta de armas a Turquía. Por fin todas estas preeminencias y tantos otros elevados compromisos éticos fueron adoptados en el programa electoral del Partido Popular para las Generales de marzo del 96. Reconforta leer en ese texto la forma en que el PP concebía el ejercicio del poder político como una responsabilidad de servicio a todos y descartaba que fuera un medio para obtener beneficios personales; la decisión con la que se empeñaba en evitar la imagen de los políticos como unos privilegiados; el empeño en situar a los políticos como los primeros a la hora del sacrificio y la disposición a exigirse y a exigir honradez en la administración y gobierno de los intereses públicos. Luego, la lluvia fina ha borrado estas huellas y todo son condescendencias autoindulgentes y descalificaciones al pasado socialista que venían a rectificar.