Las industrias aprovechan las recalificaciones del PA La oposición descalifica las modificaciones puntuales de suelo por favorecer la especulación en Sevilla

Unas 33 hectáreas de suelo industrial -el 5% del catalogado en el PGOU de 1987- se convertirán en zonas residenciales, gracias a las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Sevilla durante este mandato. El planeamiento urbanístico, un bastión gobernado en exclusiva por el Partido Andalucista en virtud del reparto competencial fijado por la coalición, se perfila como uno de los grandes filones que explotará la oposición durante la campaña electoral. Tanto PSOE como IU sostienen que planificar la ciudad a golpe de convenio favorece la especulación. La Gerencia de Urbanismo, por el contrario, minimiza el impacto de estas modificaciones y justifica los cambios por la céntrica ubicación de las industrias. De la actividad recalificadora se han beneficiado, entre otras, Uralita, El Corte Inglés, Abc, Coca-Cola o Landis. Cerca de 4.500 viviendas sustituirán las instalaciones de ocho empresas.

La figura de la modificación puntual del PGOU está contemplada para enmendar errores y reparar aquellos desajustes no previstos en la biblia urbanística de la ciudad, entre una revisión y otra. Las modificaciones, según la interpretación de Izquierda Unida, deben atender siempre al "interés general". Un argumento que, según su portavoz Luis Pizarro, "nunca han recogido por escrito en todas las aprobadas". Gracias a los cambios puntuales autorizados por el Ayuntamiento de Sevilla durante este mandato -básicamente en el último año- se han reconvertido unas 33 hectáreas de suelo industrial -el equivalente a 33 campos de fútbol- en zona residencial. Una cifra que, para el delegado de Urbanismo, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, no significa "una alteración en la estructura del plan". Esos 330.000 metros cuadrados representan alrededor del 5% del suelo industrial identificado en el último PGOU de Sevilla, que data de 1987, y que incluía 730 hectáreas industriales. Pérez de Ayala, además de observar que "los planes no pueden tener una estructura absolutamente rígida", asegura que las reclasificaciones aprobadas afectan sobre todo a "industrias insertas en zonas residenciales, que estaban llamadas a cambiar su uso". Cita, a modo de ejemplo, los casos de Coca-Cola "cerrada desde hace tiempo"; Bordas Chinchurreta "problemática para el entorno" o Uralita, desmantelada. Como valor añadido, recuerda que la ciudad obtiene más suelo para equipamientos y zonas verdes. La percepción desde los bancos de la oposición difiere radicalmente. El concejal socialista José Gallardo considera que la Gerencia Municipal de Urbanismo practica una suerte de "agresión salvaje y descarada" hacia el planeamiento urbano. "Todos los meses nos desayunamos con recalificaciones de suelo virgen, si repasamos mentalmente la ciudad de Sevilla ya queda poco más", aduce. El edil, que no encuentra "argumento" ni "justificación" para consentir los cambios de usos del suelo, sostiene que sólo "favorecen la especulación de los promotores y constructores". Y añade: "Uno tiene siempre la sospecha de que hay cosas ocultas, pero faltan las pruebas". Punto final Las modificaciones más recientes, aprobadas en pleno por PP y PA hace una semana, afectan a los terrenos de Uralita, la fábrica de contadores Landis y Coca-Cola (Refrescos Envasados del Sur). Con éstas podría despedirse la intensidad recalificadora, que ha caracterizado la actividad municipal en el último año. Al menos, el delegado de Urbanismo afirma que no están previstas más modificaciones del PGOU. La gestión urbanística del PA se perfila como uno de los grandes flancos que atacará la oposición, ahora que se acercan las vísperas electorales. A los controvertidos convenios firmados con la Diputación de Sevilla y el Consorcio Tablada para expresar la intención de convertir en urbanizables el Cortijo del Cuarto y el antiguo aeródromo militar, respectivamente, cuando se revise el PGOU, la oposición agrega las operaciones que han beneficiado a numerosas industrias instaladas en Sevilla, al liberar amplias zonas y obtener el beneplácito urbanizador. Una operación que siempre arroja pingües dividendos. La campaña lanzada por Izquierda Unida Salvemos Sevilla de la especulación está encaminada a denunciar estos convenios, cuyo único resultado "objetivable" reside, para el edil Luis Pizarro, "en que el propietario del suelo pegue el pelotazo de su vida, pero ¿qué gana la ciudad con eso?". Las modificaciones, según cálculos de IU, permitirán la construcción de unas 6.000 viviendas nuevas, que podrían acoger a 21.000 habitantes. Una oferta residencial innecesaria, aduce Pizarro, para una ciudad con un crecimiento demográfico estancado y con un parque de suelo residencial para acoger 30.000 viviendas. Eso sin contar los inmuebles vacíos y abandonados de zonas del casco histórico. "No cabe la justificación de que es necesario ampliar el suelo residencial y si no existe el interés público y sólo el privado de las empresas, la única explicación posible es que el que está comandando estas operaciones desde la Gerencia de Urbanismo extraiga algún beneficio no confesable", denuncia. Sin embargo, el portavoz municipal del PA, José Luis Villar, insiste en que no se trata de ninguna especulación. "Todos son suelos industriales, pero desde 1987 estaban llamados a dejar de serlo porque estaban en el centro de la ciudad".