El regalo para Uralita

Es difícil entender la política de defensa del empleo del Ayuntamiento de Sevilla, gestionado por el PP y PA, cuando se realizan recalificaciones como la del terreno de la fábrica Uralita. Esta compañía, que llegó a tener 1.000 trabajadores en sus instalaciones sevillanas, abandona la planta obteniendo, por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la recalificación de industrial a residencial de 204.499 metros cuadrados. La Gerencia ha planificado la construcción de 1.530 viviendas, lo que le supondrá a la empresa ingresos por miles de millones de pesetas. La historia del progresivo desmantelamiento de esta fábrica viene de lejos. Ya en 1994, ante la posibilidad del cierre debido a la crisis empresarial, el pleno del Ayuntamiento, con Alejandro Rojas Marcos de alcalde, se comprometió a no recalificar estos suelos "sin el expreso consentimiento de los cuatro grupos municipales (PP, PA, PSOE e IU)". En 1995, trabajadores y empresa acordaron un plan de viabilidad para evitar el descalabro. Dos años después,una directiva de la Unión Europea que prohibía la utilización del amianto por riesgos para la salud, fue la justificación de la dirección para desechar el plan de viabilidad y anunciar que abandonaba Sevilla. En estos momentos, la fábrica contaba con 90 empleados, 40 de los cuales pertenecían a la subsidiaria UraRiego. Un nuevo pleno municipal confirmó el pacto de no recalificar los terrenos "sin el acuerdo de todos los partidos y el comité de empresa". Uralita, entonces, desarrolló el Plan Kandisky, fusionando todas las filiales en lo que es hoy Uralita Sistemas de Tubería. Tan sólo quedaban en Sevilla los operarios de la extinta UraRiego. La Gerencia garantizó que no recalificaría el suelo si la empresa no mantenía esta línea de explotación en Sevilla. Semanas después, Uralita anunciaba que la única solución era el traslado a Ciudad Real. Urbanismo, pese a las protestas de trabajadores y oposición, autorizó la reclasificación del suelo. Un día antes de la ratificación municipal, la empresa acordó con los trabajadores mantener la fábrica en Sevilla, pero sin aclarar dónde. A pesar del voto en contra de toda la oposición, el gobierno local (PP-PA) dio luz verde a la operación con el argumento de que "una decisión política puede ser modificada".