Una juez afroamericana preside el tribunal que juzga los crímenes en la ex Yugoslavia

Nunca ha ocupado cargo político. Sin embargo, Gabrielle Kirk McDonal es quizá la mujer afroamericana más poderosa del mundo: preside el Tribunal Penal Internacional encargado de juzgar a la antigua Yugoslavia y supervisa la cámara de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La ONU los creó para juzgar las atrocidades cometidas contra la población en ambos países. Las decisiones de la juez establecerán precedentes legales que van a cambiar la actitud del mundo a la hora de abordar la violencia y los derramamientos de sangre.

La pasión que ha guiado siempre a Gabrielle Kirk McDonald es utilizar el imperio de la ley para luchar contra la injusticia. De adolescente vio cómo su madre se enfrentaba a los salones de belleza de Nueva York que no querían a negros en sus locales. Graduada en Derecho por la universidad de Howard (Washington), se incorporó al grupo de abogados de la Asociación Nacional para la Mejora de la Gente de Color.

En 1979 fue nombrada juez federal en Tejas. Su caso más famoso fue el del acoso del Ku Klux Klan a inmigrantes vietnamitas. En 1993, el Departamento de Estado la propuso como juez internacional y, más tarde, la ONU la eligió para presidir el tribunal internacional que iba a procesar a un individuo por primera vez desde hacía 50 años.

Su actual despacho en La Ha ya, está decorado con banderas de la ONU y de Tejas. De 56 años, es una mujer alta y elegante, de risa fácil y frecuente, que se comporta como una madre para los que la rodean, quizá para compensar la ausencia de sus dos hijos, ya adultos, que viven en Estados Unidos.

Su mesa está abarrotada de papeles. Pero su mayor frustración es el manto de invisibilidad que rodea al tribunal, sobre todo en Yugoslavia. Ha enviado a especialistas en sondeos para averiguar qué opina la población sobre el tribunal; ha organizado visitas de juristas yugoslavos a La Haya, incluso se ha ofrecido para escribir en periódicos yugoslavos: cualquier cosa con tal de dar a conocer la labor del tribunal en la ex Yugoslavia, que busca juzgar los crímenes de guerra como método para alcanzar la reconciliación. Un sistema que, en su opinión, "quizá sea demasiado pronto para decir si es el mejor", aunque aclara que cree en su principio teórico; es decir, "en que debemos centrarnos en la responsabilidad individual".

Admite que este tribunal ha tomado prestado "el concepto" que rigió los de Núremberg; es decir, que, para no estigmatizar a un grupo, hay que juzgar a los individuos. Y cree que es imprescindible el "archivo" de todo lo que ocurrió durante el conflicto porque, según su razonamiento, "las personas se comportan de una forma determinada durante un periodo prolongado y luego, por alguna razón, se detienen: voluntariamente o porque se les obliga. Entonces adoptan una actitud que significa: 'Se acabó.

Ahora vamos a olvidar lo que ha ocurrido. Lo pasado, pasado está'. Sin embargo, para tener una relación duradera y honrada, una auténtica reconciliación, que incluya el perdón y la tolerancia hacia lo distinto, es preciso reconocer qué ha pasado... ".

El tribunal que esta juez preside, actúa dentro de un sistema judicial sin policía propia, lo que implica que depende de la comunidad internacional para realizar detenciones y cumplir las citaciones, unas limitaciones que pueden ser frustrantes pero, como dice McDonal "esto es lo que hay y no creo que se logre tener policía propia ni en los primeros años del siglo XXI".

Esta "cooperación", más bien dependencia de los Estados hace que "la mitad de nuestros acusados están aún en libertad y, con ello, contagian a todos los de más. El hecho de que los miembros de la comunidad vean que un acusado puede permanecer prácticamente en la impunidad representa una erosión de nuestros intentos de construir el imperio de la ley en la ex Yugoslavia... No obstante, mi frustración se ha visto algo aliviada al ver que la fuerza de estabilización de la OTAN ha ocupado el hueco y se está encargando de ejecutar las órdenes de detención".

Los dos tribunales internacionales bajo sus competencias pueden dictar, como máximo castigo, cadena perpetua, pero en Ruanda, la pena de muerte está institucionalizada, lo que para las víctimas de genocidio puede resultar una contradicción, que la juez niega con vehemencia. "Si partimos de que un tribunal internacional pretende aplicar las normas más estrictas en materia de derechos humanos y desea dar ejemplo, y si creemos que arrebatar una vida es violar el derecho humano más fundamental, se puede decir que lo que está haciendo el tribunal es establecer un modelo de cómo deben tratarse las personas. Y mostrar que el asesinato no debe tolerarse. Y que cuando un Estado mata está cometiendo asesinato, y no se va a tolerar; sólo sirve para continuar el ciclo de violencia", opina.

A McDonal le apena que su país no fuera uno de los 120 que votaron por la constitución de un Tribunal Penal Internacional permanente porque, como ella dice, "es importante que EE UU forme parte de la comunidad mundial. Es la superpotencia, y su ausencia me entristece".

©Los Ángeles Times.