El Ejecutivo limita la contratación a través de ETT en la Administración

La Administración sólo podrá contratar con empresas de trabajo temporal (ETT) servicios referidos a la realización de encuestas, toma de datos o servicios análogos, y con una duración máxima de seis meses. Así figura en un proyecto de ley, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por el que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la contratación, simplificar los trámites y adaptarla a la normativa comunitaria.La modificación trata también de introducir mayor objetividad en las relaciones de las Administraciones Públicas con los contratistas, con el fin de facilitar un aumento de la competencia y garantizar a la Administración el cumplimiento de los contratos. El texto remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria mejora los controles existentes para limitar las modificaciones de los contratos, de modo que una alteración del precio superior al 10% en contratos de 1.000 millones de pesetas o más requerirá un informe de la Dirección General de Presupuestos. Este informe, también necesario para modificaciones que sólo afecten a unidades de obra y representen más del 30% del precio, se sumará a los que ya se exigen del Consejo de Estado, el Servicio Jurídico y la Intervención General del Estado. El proyecto de ley introduce mayor rigor en la elaboración de los proyectos de obra.

Otra de las novedades es la regulación de las obligaciones contraídas entre contratista y subcontratista, donde se establece un plazo general de 60 días para el abono de las facturas por parte del primero al segundo. También se limita al 50% como máximo la posibilidad de contratar con colaboradores la ejecución de las obras cuando se ha decidido realizarlas directamente por la Administración.

El proyecto de ley añade una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas en materia de solvencia, supuestos de fuerza mayor en los contratos de obras y obligaciones del contratista en contratos de gestión de servicios públicos.