Quién se lleva los dineros de Bruselas

Durante los últimos años, con unos gastos anuales entre 38.000 y 40.000 millones de euros, de 6,4 a 7 billones de pesetas, los gastos agrícolas han supuesto entre el 46% y el 48% de todo el presupuesto comunitario. Sin embargo, ese presupuesto tiene una distribución muy desigual que claramente beneficia a unos países y agriculturas en detrimento de otras. Tradicionalmente se ha hablado, desde la Comisión, que el 20% de los agricultores recibían el 80% de las ayudas. Esa relación, tras la reforma de la Política Agrícola Común en 1992, que paga más a las explotaciones con mayores rendimientos, ha aumentado esa desigualdad tanto por países como por explotacionesEntre los años 1995 y 1997, los gastos del Feoga-Garantía ascendieron a 38.000 millones de euros, unos 6,4 billones de pesetas. De esta cantidad, el 23,7% (unos 9.000 euros, o 1,5 billones de pesetas) fue a parar a la agricultura francesa, claramente la más beneficiada. Los alemanes recibieron el 15,1% ( unos 900.000 millones de pesetas o 5.734 euros), mientras Italia y España recibían cada una poco más del 11% del gasto agrario (unos 4.300 euros o 725.000 millones de pesetas). El Reino Unido recibió en el mismo periodo el 9,4% de los fondos agrarios (unos 640.000 millones de pesetas).

España fue en ese periodo el tercer país receptor de los fondos comunitarios procedentes del Feoga-Garantía. Pero estas cifras no reflejan la realidad sobre la distribución de las ayudas. Según los datos elaborados por la Confederación de Cooperativas Agrarias y la Unión de Pequeños Agricultores referidos a 1997, los gastos del Feoga-G por explotación en Dinamarca o el Reino Unido ascendieron a unos tres millones de pesetas, unos 18.000 euros; a 2,5 millones de pesetas en Holanda (unos 15.000 euros); dos millones de pesetas en Francia (12.000 euros). En España las ayudas por explotación en ese periodo fueron de poco más de 600.000 pesetas (unos 3.600 euros).

Por hectárea de Superficie Agraria Util, tomando como referencia 100 pesetas como media para la UE, el sector agrario español no sale mejor parado. Los fondos del Feoga-G para España supondrían sólo 67 pesetas, mientras para Holanda serían 341 pesetas, 308 para Bélgica, 180 para Grecia o 167 para Dinamarca.

En términos del empleo en el sector, también con referencia al índice 100 para toda la UE, a España llegarían solamente 86 pesetas por puesto de trabajo, mientras Irlanda recibiría 327 pesetas, 259 pesetas Bélgica,181 pesetas Dinamarca, 165 pesetas Alemania y 148 pesetas a Holanda.

Otro dato para analizar la distribución de los gastos comunitarios en el sector agrario es su relación con determinadas producciones en detrimento del resto. Los países fundadores de la UE hicieron un reparto de las ayudas en beneficio propio centrando los apoyos en cultivos herbáceos, carne de vacuno y leche para los países del norte y en el olivar para conceder unos pagos a Italia. Solamente las tres primeras producciones se llevan casi el 70% de todos los fondos agrarios Esta filosofía para el reparto es la que se mantiene en la actualidad. Lo prueban las dificultades de los países del sur, especialmente España, a la hora de conseguir incrementos en las ayudas para producciones como vino y, sobre todo, para frutas y hortalizas. Considerando los pagos comunitarios en el periodo 1995-1997, el 43% de esos 6,4 billones de pesetas pagados por el Feoga-G fueron a parar a los cultivos herbáceos donde Francia recibe el 31% de las ayudas y Alemania el 21%. El segundo producto comunitario receptor de fondos es la carne de vacuno con el 15,4% de todos los gastos. El 74% de todos esos fondos se los reparten cuatro países del norte: Francia, seguida de Irlanda, Reino Unido y Alemania. Leche y derivados lácteos significaron en ese periodo el 9,3% de las ayudas comunitarias, donde más del 70% de los recursos fueron a parar también a otros cuatro países del norte: Holanda, Francia, Alemania y Bélgica.

El resto de las ayudas para las demás OCMs han dispuesto de recursos mucho más reducidos, con grandes dificultades para aumentarlos. Tal ha sido el caso del vino, frutas y hortalizas y el aceite, pese a contar con los intereses de los italianos.

En consecuencia, se podría hablar de unos gastos comunitarios en materia agraria volcados fundamentalmente hacia las producciones del norte donde España no ha salido del todo mal parada por los fondos recibidos en aceite de oliva y en herbáceos en función de su gran superficie, pero no de las ayuads por hectáera, que son la mitad que las francesas.

En España, la distribución de estas ayudas es un calco de las desigualdades que existen tanto por países como por sectores. Según cifras de UPA, el 1% de los productores de herbáceos cobran el 20% de esas ayudas. En el olivar, 69 productores obtienen 4.106 millones de pesetas, mientras 105.000 cobran una media de 84.000 pesetas. Las tres primeras explotaciones reciben mil millones de pesetas.

En Andalucía, poco más de 20 explotaciones se reparten unos 3.300 millones de pesetas. Actualmente, las cifras sobre la percepción de ayudas son datos secretos en poder de la Administración. En opinión de organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), éstos deberían ser públicos al igual que lo son las subvenciones que concede el Ministerio de Agricultura para las industrias alimentarias con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Según datos de la UPA, referidos solamente a Andalucía, la familia de la duquesa de Alba recibiría unos 370 millones de pesetas.

Ante un previsible recorte de las ayuda, las organizaciones agrarias reclaman cambiar la distribución de los recursos. Ese cambio se pretende basar en un sistema de modulación de ayudas para que éstas lleguen prioritariamente a la explotación familiar viable, a los profesionales de la agricultura, a quienes creen empleo y a quienes vivan habitualmente en el medio rural para frenar el abandono.

El reparto de los fondos estructurales y del fondo de cohesión aparentemente beneficia a España. En fondos estructurales, España ha recibido entre 1994 y 1999 el 23% de los fondos estructurales. Le sigue Italia, con el 14, 24%, y Alemania, con el 14,07%. El problema es que estos fondos se destinan, primordialmente, a favorecer el desarrollo de las regiones menos ricas y ése no es un problema grave en países como Alemania o Italia. Grecia y Portugal han recibido menores inyecciones de fondos estructurales que España. En este último lustro, el 10,1% del total cada una, pero si se compara esa cuantía con su PIB, o su población o cualquier otro dato objetivo del tamaño del país, la diferencia se desdibuja.

El saldo de España con la UE, es decir, la diferencia entre lo que recibe de Bruselas y lo que aporta a las arcas comunitarias, equivale al 1,3% del PIB español. Ese saldo en los otros tres países de la cohesión es mucho más abultado. Es el 4% del PIB en Grecia, del 3,2% en Portugal y del 4,5% del producto interior bruto en Irlanda. Este saldo positivo da una idea del empuje que los fondos comunitarios dan a las economías de los países de la Unión. A cambio, son contribuyentes netos o tienen un saldo negativo con la UE países como Suecia, Alemania, Holanda, Austria y Reino Unido. Y prácticamente equilibrado otros como Finlandia o Italia.