La tutela jurídica de la libertad informática Gregorio Martín

Estaba uno dando clase a último curso de Ingeniería Informática, tratando de hablar de las obligaciones deontológicas de su profesión. En particular les explicaba que al promulgarse, en 1992, la LORTAD (Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal) el Parlamento cumplió un doble objetivo, en la tutela jurídica de la llamada libertad informática, ya que se obedecía el mandato constitucional del art. 18.4, referido al derecho a la intimidad, así como al art. 4 del Convenio de Estrasburgo para la protección de las personas con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal. Por ello, con justo orgullo de informático hispano, les decía que según los especialistas jurídicos, en España, los derechos de protección de datos y a la intimidad del ciudadano están cubiertos y amparados por una Ley Orgánica, que como futuros ingenieros debían conocer y hacer cumplir en sus puestos de trabajo. En particular, la LORTAD ordena que los ficheros, en manos de la Administración, es obligatorio que se declaren a la Agencia de Protección de Datos y que éstos solo pueden ser utilizados para las funciones de servicio público que allí se declaren. En éstas estabamos, cuando en la prensa valenciana se contaba la siguiente historia: "Preguntada, en sede parlamentaria por Nova Esquerra, la consejera Miró, sobre el origen del fichero informático utilizado para cursar las invitaciones recibidas por los jubilados en sus domicilios particulares, en las que Zaplana los convocaba a la fiesta celebrada el 29 de octubre en el estadio del Mestalla, ésta aseguró que este archivo procedía de la Dirección General de Servicios Sociales. Por ello, Ricardo Peralta había preguntado al Gobierno Central sobre la existencia de tal archivo, y se le había dicho que en la Agencia de Protección de Datos no había constancia de ningún registro de la Generalitat de pensionistas de la Seguridad Social. Se había revisado la relación de ficheros con los que contaba oficialmente nuestra Administración Autonómica, "sin que aparezca ninguno sobre jubilados". A continuación, el presidente Zaplana añadió más confusión, diciendo que no sabía cuántas Agencias de Protección de Datos existían. Ciertamente no era su obligación saberlo, pero ¡caramba qué asesores! El diputado podría haberse evitado este largo camino, tecleando "HIPERVÍ-NCULO http://www.ag-protecciondatos.es www.ag-protecciondatos.es". Allí estaban todos los datos que buscaba, cosa que hizo un servidor, cuando un tanto mosca, leyó la afirmación de la consejera: La administración valenciana tiene sus fuentes propias para convocar actos sin necesidad de echar mano de bases de datos extrañas. Puede tener las fuentes pensó, pero no está bien ni es legítimo que los utilice para el acto de Mestalla, pero si además, no las ha declarado a la Agencia, sencillamente incumple la Ley. Pero no acaban aquí las sorpresas de la consulta por Internet, ya que no estamos sólo ante una consejería poco escrupulosa o un president mal asesorado sobre una Ley Orgánica, sino que repasados todos los ficheros declarados por la Generalitat, se llega a la conclusión que ni uno solo ha sido dado de alta, desde 1994. Primera sospecha: la deontología de los responsables de la informática de la Generalitat es deplorable, cuando no culposa y por ello no puede extrañar que sus jefes políticos andan diciendo cosas que acabarán en la triste antología del político iletrado, a la que tanto contribuyó Sancho Rof con el bichito que se moría al caerse de la mesa, como hipótesis, de lo que luego sería el síndrome del aceite de colza. Segunda sospecha: cuando el recurso a la tecnología-propaganda, en forma de "infocoles", "museos virtuales", "infovilles", etcétera está en tanta declaración, este entusiasmo por la informática puede no corresponderse con la obligación inexcusable que todo responsable político tiene de respetar los derechos, entre ellos los informáticos, de los ciudadanos que les han elegido. Mientras, por favor, que alguien diga cómo me las arreglo, a la hora de poner el examen, para que mis estudiantes no me digan que deje de enseñarles tonterías, no vaya a ser que luego no encuentren trabajo en nuestra Administración Autonómica.

Gregorio Martín es catedrático de la Universitat de València y Director del Instituto de Robótica.