Privaticemos el Estado

ROSA REGÀS La pasión por la privatización tan en boga entre los gobiernos de derecha, se vistan de centro, de nacionalismo o de tercera vía, acabará cuestionando la necesidad del Estado. Porque si las autopistas las explotan las compañías privadas, y pronto lo harán con los aeropuertos, los ferrocarriles, la televisión, la seguridad social, la atención médica y la electricidad, como el gas y en buena parte la educación, cada vez más en manos de los religiosos; es más, si la economía, la política interior y la exterior se basan en la obediencia a la UE, ¿qué sentido tiene mantener un aparato del Estado y del Gobierno tan caro e inútil? ¿Para inauguraciones y congresos? ¿Para solucionar el desastre del aeropuerto de Madrid, o el de la pesca y Gibraltar, o el problema vasco? Tal como van, no parece que sirva tampoco de mucho. Otra cuestión sorprendente es que a las privatizaciones no les sigue una disminución de los impuestos que se habrían utilizado en parte para sufragar las empresas estatales recién privatizadas. ¿No sería justo que con cada privatización se rebajara al ciudadano lo que hasta entonces había sido su participación, ya que las empresas privatizadas se nutren de sus propios beneficios? Si las cadenas públicas TV-3 y Canal 33, TVE y La 2, que incluso con publicidad pagamos los españoles, un día se privatizan, ¿por qué habríamos de seguir pagando? ¿Acaso pagamos por Antena 3 o Tele 5? ¿No me asiste la razón? Pero no entremos en ese inútil debate. Hablemos de otras posibles privatizaciones que a mi modo de ver rozan la ilegalidad y ponen en duda no ya la existencia, sino la eficacia y el buen hacer de la Administración. Me refiero a la policía privada en las autopistas de pago. Como cada vez hay más atracos y robos, la concesionaria ACESA está pensando en solicitar autorización para crear su propia policía, que no se llamaría policía, sino agentes de seguridad, y que no sustituiría a las estatales o a los mossos, sino que colaboraría con ellas, aunque no está claro quién daría las órdenes y quién detendría a los delincuentes. Me pregunto, ¿qué derecho asiste a la Administración a autorizar una policía que actuaría en terreno público? ¿Qué preparación se exigirá a esos agentes de seguridad?, y ¿qué ley obligaría al ciudadano a obedecer por igual a unos y a otros, y en nombre de qué tendría que entregar su DNI al nuevo agente y acompañarlo a la nueva comisaría, al nuevo calabozo privatizado? Una cosa es que las empresas dispongan de agentes en su propio recinto, y otra que en un ámbito público como aparcamientos, zonas de descanso y en la misma autopista, se cree una especie de Vaticano en manos de un ejército de particulares armados que imponga su ley y su orden. Una de las mayores responsabilidades de la Administración es mantener el orden público, y ACESA parece dudar de su capacidad para hacerlo. Entonces, ¿por qué cree que a la Generalitat se le ocurrió pedir esa transferencia? ¿No sería mejor privatizar al Estado y a los gobiernos, con sus oposiciones y lo que quede de la Administración tras privatizar obras públicas, sanidad, industria, enseñanza, aeropuertos, ferrocarriles, orden público y minas? Total, en pocos años nuestros gobernantes ya sólo tendrán que inaugurar hospitales, aeropuertos, escuelas y autopistas, todos en manos de la empresa privada que reducirá la plantilla y pagará sus sueldos. Hacienda apenas contará porque no habrá más impuesto que recaudar que el del patrimonio, y si el ciudadano lo hace bien y a su debido tiempo, podrá enviarle a domicilio una vajilla, una cubertería o una maleta. Como hace la banca privada. ¿Por qué no?