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El PSOE exige la dimisión de Piqué por dar una subvención "sin base legal" a Telecable

Luis R. Aizpeolea

El PSOE pidió ayer en el Senado la dimisión del ministro de Industria, Josep Piqué, al grito de "¡váyase, señor Piqué!", a semejanza del que utilizó José María Aznar en su etapa final de oposición para pedir el cese del entonces presidente del Gobierno, Felipe González. El senador socialista Conrado Alonso argumentó su petición en la concesión "sin base legal" de una subvención a la empresa Telecable en Asturias. El senador socialista elevó el tono al acusar a Piqué de "revolverse en el fango". El ministro y portavoz del Ejecutivo replicó que los socialistas están actuando como la Inquisición.

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La tensión suscitada entre el PSOE y el ministro de Industria subió ayer un grado más, en el marco del Senado, y adquirió un tono político. El senador socialista Conrado Alonso acusó al Ministerio de Industria y Energía (Miner) de denegar una subvención del programa de desarrollo alternativo de las cuencas mineras a un exminero para fundar su propia empresa, mientras la concedía a Telecable, una "empresa del sector servicios, cosa que la normativa no permite". Alonso, dirigiéndose a Piqué, manifestó: "El Miner deniega ayudas a un exminero que dejó su trabajo para fundar su propia empresa. ¿Cómo es posible, señor ministro, que haya fondos para un prevaricador como el señor [Miguel] Pérez Villar, que haya fondos para Torcidos Ibéricos, que haya fondos para La Carolina y no haya fondos para un trabajador que pierde el empleo como consecuencia de la reconversión? ¿Cómo es posible que usted y su departamento, para conceder una prórroga a un proyecto en un ayuntamiento minero que perdió 1.000 empleos, pida un informe jurídico y no lo haya pedido usted para Telecable?".No pararon ahí los ataques del PSOE. A continuación, el senador saltó de la denuncia concreta a la ofensiva política con la que tiñó su intervención: "Señor ministro, con las irregularidades que pesan sobre sus espaldas, está bajo sospecha. Usted debe dimitir y lo digo esto con el dolor que produce decirlo, pero éstas son las reglas del juego que ustedes han puesto en funcionamiento".

El senador Alonso no cedió a la tentación de recordar la fuerte presión que sufrió el Gobierno socialista en 1994 y 1995, en su etapa terminal, por parte de la durísima oposición que entonces ejerció el Partido Popular. "Ustedes han puesto estas reglas de juego y por muchos menos motivos que los que pesan hoy sobre sus espaldas han pedido la dimisión de ministros socialistas. Ustedes, que iban a dar clases a los socialistas de moralidad, que iban a ser tan transparentes, que iban a constituir comisiones de investigación, aunque se las pidiera una minoría, ahora se están revolcando en el fango".

Entre los aplausos de los escaños del PSOE y las protestas de los del PP, el senador terminó con una conocida frase, que él mismo se encargó de recordar y que el hoy presidente del Gobierno utilizó como líder de la oposición: "Váyase". Sólo que en vez de terminarla con un "señor González" la culminó con "señor Piqué".

El ministro de Industria trató de llevar el debate al terreno de la defensa de la legalidad de su actuación y restó importancia a las acusaciones socialistas: "Llevan ustedes cuatro meses dando la vuelta al mismo tema y no sacan nada". Se acogió a la orden ministerial del 6 de marzo de 1998 que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas. "Estamos hablando de un proyecto importantísimo. Se crean 119 puestos de trabajo, hay una inversión subvencionable de nada menos que de 7.331 millones de pesetas. La inversión total es de 16.500 millones de pesetas. Es un proyecto que aporta un importante contenido innovador, tecnológico, que pone a disposición de las empresas asturianas y de su tejido industrial de una red de comunicaciones avanzada, central en el desarrollo de nuestro país y veo que a ustedes les parece mal".

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Piqué intentó defenderse de la acusación socialista, en medio de las continuas protestas procedentes de los escaños de la oposición, con el argumento de que la actividad de telecomunicaciones no aparece bajo la rúbrica de servicios, sino bajo el epígrafe de "transporte, almacenamiento y comunicaciones", con lo que trató de demostrar la legalidad de la ayuda.

Asimismo argumentó que la ley 21/92, llamada Ley de Industria, señala que "se regirán por esta ley en lo no previsto por su legislación específica en las actividades relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones". También argumentó que en el Libro Blanco de la Industria, presentado en las Cortes en 1995, se recoge entre las acciones de la política industrial ampliar y mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones y el desarrollo de las infraestructuras telemáticas e informáticas.

Inquisición

El ministro de Industria, ya en los pasillos de la Cámara alta, acusó al PSOE de "ejercer labores propias de la Inquisición". También denunció "la absoluta falta de ética parlamentaria" del PSOE, ya que "no les interesa en absoluto conocer la verdad ni los argumentos de los demás, sino el desgaste y la bronca parlamentaria". "No deja de ser una bicoca tener una oposición así", remachó.

El PSOE mantiene su ofensiva política contra el ministro de Industria y portavoz del Gobierno. Ayer, el diputado Francisco Fernández Marugán solicitó en el Congreso, al amparo de la Ley de Incompatibilidades, diversa documentación relacionada con el titular de Industria. Concretamente, pidió las certificaciones expedidas de las declaraciones de actividades realizadas por Piqué en el Registro de Actividades de Altos Cargos desde su nombramiento como ministro hasta la fecha. Marugán manifestó que dicha documentación puede tramitarse en un plazo muy breve, en una semana. Justificó dicha petición por "el deseo de los socialistas de aclarar diversas actuaciones relacionadas con Ercros y sus empresas filiales".

Asimismo, ha pedido el escrito de inhibición presentado por Piqué ante la Comisión Delegada de Asuntos Económicos respecto a las relaciones financieras entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Seguridad Social y la Hacienda pública con Ercros y sus filiales, entre otras certificaciones de varios registros de la Administración.

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