Pinochet y la transición incompleta

Chile y el mundo fueron tomados por sorpresa cuando agentes de policía británicos ingresaron en una clínica de Londres para arrestar al ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien se recuperaba de una cirugía después de haber entrado al país con un pasaporte diplomático. La decisión de enjuiciar a Pinochet se originó, reflejando la tendencia a la globalización de la justicia, en los tribunales de Madrid, donde el juez español Baltasar Garzón determinó que el ex dictador de 83 años debía enfrentar acusaciones de tortura, terrorismo y genocidio, y, consecuentemente, solicitó su extradición desde Inglaterra.La situación misma de Pinochet aún no está resuelta. Pero éste se ha transformado en una metáfora para interrogantes relativas a la ética, el derecho internacional y la política exterior. Mientras el arresto de Pinochet es un asunto abstracto para los editorialistas de periódicos de EEUU o Europa, en Chile, el hecho ha provocado fuertes tensiones políticas y ha dejado en evidencia una sociedad que permanece hondamente dividida y polarizada en torno al legado de Pinochet.

La justicia debe hacerse. ¿Pero en qué términos? ¿Quién tiene el derecho a juzgar a un acusado y dónde? La justicia debe hacerse preferentemente donde se cometen los delitos. Pero muchos argumentan que hoy en día en Chile ello no es posible, y que a Pinochet se le debe juzgar en Europa. Otros, más allá de la suerte del ex dictador, sostienen que la única solución verdadera a la crisis de Pinochet es determinar la verdad y hacer justicia en relación a los más serios abusos a los derechos humanos que ocurrieron en Chile y luego avanzar hacia el futuro. El arzobispo de Santiago afirmó certeramente que la crisis de Pinochet sucedió porque los chilenos "no han sido capaces de hacer justicia en tantos casos de graves violaciones a los derechos humanos en el momento oportuno". Casi una década después del término del régimen dictatorial, numerosas ocurrencias de violaciones a los derechos humanos permanecen sin respuesta. Chile no ha dictado legislación tendente a determinar cuánto juzgar y cuánto perdonar, pese a hechos meritorios como el encarcelamiento del ex jefe de la policía secreta o la aprobación parlamentaria de importantes medidas de reparación humanitaria en favor de las víctimas.

En definitiva, el desafío principal para Chile es precisamente cómo terminar el proceso de transición a la democracia. Procesos exitosos de transición democrática requieren, parafraseando al escritor chileno Jorge Edwards, una sabia dosis de justicia y perdón. En países como Brasil, Portugal, Suráfrica, España y Uruguay, la recuperación de la democracia fue el producto de negociaciones o acuerdos con escasez de justicia y abundancia de perdón.

¿Cómo determina una nación un equilibrio adecuado entre la justicia y el perdón cuando retorna a la democracia después de un periodo traumático de dictadura? Chile es tan sólo uno de los muchos países que han tenido que lidiar con ese dilema moral. En España, como ha observado Óscar Alzaga Vilamil, la llave para la transición a la democracia pos-Franco fue "no remover el pasado a cambio de recuperar la libertad". La transición a la democracia de España se orientó, por lo tanto, por la necesidad de perdonar, aparejada con la incapacidad de satisfacer el deseo de hacer justicia. En este mismo sentido, Felipe González, el ex presidente del Gobierno español, ha comentado que su país ni siquiera tuvo la capacidad para juzgar a todos quienes estuvieron involucrados en el intento de golpe del 23 de febrero, que tuvo lugar en Madrid casi una década después de la muerte del dictador Franco.

La comunidad internacional se ha resignado a la idea de que el Estado puede perdonar bajo algunas circunstancias a fin de salvaguardar valores que son tan importantes para una sociedad como la justicia, tales como la democracia y la estabilidad. Pero semejante proceso no debe ser emprendido por quienes se beneficiarán de la amnistía o el perdón, y debe ir acompañado por medidas que repudien la dictadura y provean medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

Augusto Pinochet nunca recibió una garantía explícita de inmunidad a cambio de dejar el poder, ni tampoco podría haberla recibido. Pero la Ley de Amnistía de 1978 protege a toda persona que sea acusada de haber cometido prácticamente cualquier tipo de violación a los derechos humanos entre 1973 y 1978, el periodo cuando el régimen militar consolidaba su dominio y cuando ocurrió la mayoría de las transgresiones. Además, a Pinochet se le otorgó un asiento vitalicio en el Senado, cargo creado bajo la Constitución que él mismo hizo diseñar. Tal extraña realidad deriva del hecho de que, si bien Pinochet y el autoritarismo fueron derrotados en las urnas en el plebiscito de 1988, no se trató de una derrota en el terreno militar. Y pese a que sobre un 55% del electorado votó en contra de Pinochet, aun así, él recibió alrededor del 43% del sufragio popular. En suma, la salida a la democracia de Chile consistió en un entendimiento mediante el cual se aceptó la Constitución existente a cambio de reformas específicas inmediatas, en la confianza de que otros cambios sustantivos serían introducidos más adelante.

Por ello, la situación chilena es más compleja. No se trata meramente de cuánta justicia y cuánto perdón lograr. A diferencia de las ex dictaduras en Brasil o España, que recuperaron sus democracias plenamente e incluso realizaron asambleas constituyentes, Chile no ha recobrado su soberanía popular enteramente. Las fuerzas pro dictadura han sido capaces de preservar los enclaves autoritarios, incluyendo los "senadores institucionales", que no son elegidos, sino nombrados mediante mecanismos que terminan favoreciendo a la oposición de derechas. En Brasil, el retorno a la democracia significó el término de los senadores no elegidos o "biónicos"; en Chile, después de casi una década de transición democrática, ellos aún subsisten. Además, las fuerzas armadas todavía ejercen considerable influencia en la vida pública mediante el Consejo de Seguridad Nacional.

La soberanía popular incompleta en Chile ha significado que, aunque los chilenos votan consistente y abrumadoramente por la coalición de gobierno (la Concertación), el Ejecutivo no posee una mayoría en el Senado y continuamente ve sus proyectos vetados por la oposición. Por ende, el dilema en Chile no es solamente cuánta justicia y perdón conseguir, sino también cuánta soberanía popular recobrar. La pregunta es cómo consolidar y concluir el proceso de transición a la democracia.

El caso Pinochet ha provocado un retroceso en esa transición, reabriendo las divisiones profundas que todavía persisten en la sociedad chilena. Su arresto revivió los peores momentos de polarización entre los chilenos y transformó al ex dictador en el líder indiscutido de la derecha, tornándolo una vez más en el actor protagonista de la política chilena. Los partidos políticos conservadores, Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente, se han agrupado detrás de Pinochet, mientras que los sectores moderados de la derecha se encuentran ahora aislados y se han visto obligados a retirar a su candidato de la carrera presidencial. La coalición de gobierno también se ha visto tensionada por el caso, ya que socialistas y democratacristianos han diferido sobre cómo el Gobierno debería defender los principios de jurisdicción territorial e inmunidad del Estado sin realmente defender a Pinochet.La detención de Pinochet alteró el avance hacia la reafirmación del profesionalismo en las Fuerzas Armadas de Chile, especialmente en el Ejército, que ha defendido a su ex comandante en jefe con declaraciones públicas cercanas a la deliberación política, que está prohibida por la Constitución.

Los líderes políticos de la Concertación han respaldado la política oficial del Gobierno, que ha buscado el regreso de Pinochet a Chile por razones jurídicas y prácticas, enfatizando que, a pesar de los reales obstáculos existentes, el ex dictador debe enfrentar los tribunales chilenos y responder a las acusaciones específicas sobre violaciones de los derechos humanos (la inmunidad senatorial en Chile puede ser levantada por la Corte Suprema, y Pinochet encara acusaciones por crímenes no cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978).

Entretanto, las fuerzas derechistas en Chile han llegado a la conclusión de que para ellas la "obra" de Pinochet es más importante que el "hombre". Aceptando la posibilidad de que él podría permanecer en Europa durante un largo proceso de extradición, los sectores de derechas han decidido sacrificar al ex dictador aun cuando formalmente se han cohesionado a su alrededor para, entre otras cosas, criticar a la coalición de gobierno. La derecha prefiere a Pinochet en el extranjero a tener que negociar con los sectores democráticos el desmantelamiento de los enclaves autoritarios.

Irónicamente, si Pinochet no vuelve a Chile para ser enjuiciado, las fuerzas democráticas no sentirán la urgencia de tener que generar las condiciones para hacer justicia, quizás desaprovechando así una oportunidad para corregir algunos de los defectos de la transición.

El caso Pinochet le ha demostrado a Chile que una transición a la democracia debe enfrentar todos sus asuntos pendientes por penosos que ellos sean, y no "barrerlos debajo de la alfombra", ya que eventualmente resurgirán. Ésta es la lección principal del caso Pinochet. Más allá de lo que ocurra con el ex dictador, es responsabilidad de los chilenos recuperar plenamente la soberanía popular del país por medio de reformas constitucionales adicionales y crear las condiciones para terminar la transición con suficiente verdad y justicia. Éste puede ser un proceso largo, pero ciertamente es inevitable.