Farnós declarará ante el TSJ como imputado por revelar secretos judiciales

El consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, acudirá el próximo viernes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, donde declarará, en condición de imputado y asistido por su abogado, como supuesto responsable de un delito de revelación de secretos. El secretario general de la consejería, Roberto Roig, también comparecera, como imputado, ante el juez.

Farnós deberá aclarar en su comparecencia ante la sala de lo Civil y Penal del TSJ -la encargada de investigar a gobernantes, diputados, jueces y demás personas aforadas- si era consciente del secreto que pesa sobre cualquier investigación judicial cuando reveló, públicamente, diversos datos sobre la instrucción del caso de la hepatitis C. El consejero, del que se recibirá "declaración en calidad de imputado", siempre lo ha negado. Farnós justificó la difusión de las conclusiones del informe epidemiológico realizado por su departamento sobre el masivo contagio en base a la Ley General de Sanidad, que conmina a los gobernantes a facilitar cualquier información encaminada a informar a la población sobre un problema sanitario. Tres magistrados de la sala Civil y Penal, que revocaron los dos autos de archivo anteriores de Pérez Hernández, discrepan. Los jueces decretaron la reapertura de la causa al entender que Farnós no se limitó a "la mera difusión de información general o específica", sino que, también desveló "parte del nucleo esencial de la investigación " que se lleva a cabo sobre el masivo contagio. A la vista de este auto, Pérez Hernández ha imputado a Farnós y Roig. El juez debe ahora averiguar, únicamente, si la divulgación fue realizada de modo "doloso". Es decir, si Farnós infringió el secreto sumarial "con conocimiento (...) del acto realizado". Recepción del fax La tesis del abogado de Juan Maeso, Francisco Davó -cuyo recurso conllevó la reapertura de la causa- es esa: El consejero utilizó la información para eludir cualquier responsabilidad descargando la autoría del brote en el anestesista imputado y a sabiendas de la ilegalidad de su iniciativa. El magistrado encargado de investigar la masiva infección, José Manuel Ortega, comparte esa última tesis. El juez denunció a Farnós al entender que el consejero podía haber delinquido al difundir el informe. De hecho, Ortega advirtió a la secretaría general de la consejeria, mediante un fax, del secreto que pesaba sobre la causa. Por ello, Pérez Hernández intenta determinar si Farnós y Roig -interlocutor de Ortega durante el procedimiento- conocían la comunicación, para lo cual ha ordenado la identificación del funcionario que recibió el fax.