Los pagos del Bazar España dependían de la calificación municipal de desastre natural

El Gobierno central era el encargado de indemnizar a las víctimas del desplome del muro del antiguo Bazar España a través de la Dirección General de Protección Civil, pero en manos del Ayuntamiento de Sevilla quedaba el probar a los contables del Estado que las muertes se produjeron por un desastre natural. La orden del Ministerio del Interior del 18 de marzo de 1993 indica en su disposición undécima que, para que los familiares de los fallecidos puedan tener derecho a las ayudas -que rondan los dos millones de pesetas-, uno de los requisitos es un "informe del Ayuntamiento del lugar de los hechos sobre la efectiva relación de los daños o el fallecimiento con la situación de emergencia, catástrofe o calamidad pública". Según aseguran las familias de dos de los fallecidos, el Ayuntamiento no ignora la letra de esta norma ya que se puso en contacto con ellos para ofrecerles las ayudas económicas con la orden en las manos. Tras conocerse el pasado lunes a través de los micrófonos de la cadena SER que la viuda de Tomás Carroza había recibido una oferta en la sede de la Subdelegación de Gobierno (a donde la llevó el jefe de Gabinete de la Alcaldía sevillana, Manuel Barros), un desliz de la portavoz del Partido Popular en el consistorio, Carmen Diz, dejó entrever que más familias habían sido tocadas. En concreto, los herederos de María Pruaño. Según uno de los abogados de las víctimas, una de las hijas de la fallecida entró en una depresión muy profunda por la pérdida de su madre y fue atendida en los centros de la barriada de San Diego y de la calle San Jacinto. En éste último lugar, una de las hijas de Pruaño recibió el mensaje de pasarse por el Ayuntamiento a rellenar un formulario sobre las ayudas contempladas en la orden de marzo de 1993. Silencio oficial Desde la Alcaldía se guarda el más absoluto silencio y toda comunicación se limita a las palabras en público de la primera edil, Soledad Becerril, que ayer reiteró que "jamás se ha ofrecido arreglo a nadie, ni en términos económicos ni jurídicos". Sin embargo, y a pesar de las insistentes llamadas a esperar la decisión judicial, no se podía eludir la necesidad de elaborar un informe calificando el desastre como natural, previo al pago de las indemnizaciones desde Madrid. El hecho de que esta ayuda fuera compatible con otras, queda ahora minimizado. Los equipos técnicos de la oposición en el Consistorio sevillano consideran que las intenciones de las autoridades municipales de echarle toda la culpa al viento, aparte de quitarse de encima unas incómodas responsabilidades políticas muy cerca de las elecciones municipales, está motivado por el escaso seguro que Urbanismo tiene. Según los técnicos de la oposición, tan sólo 50 millones de pesetas. Ni siquiera lo suficiente para pagar a una sola de las víctimas, si la Justicia encuentra culpable al Ayuntamiento.