El fiscal Mena abre diligencias por los anuncios de Comas en la prensa

El fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por el Partit dels Socialistas (PSC) contra el consejero de Bienestar Social de la Generalitat, Antoni Comas. Los denunciantes consideran que Comas pudo cometer un delito de malversación de fondos públicos por insertar en tres periódicos anuncios de media página, calificados por los socialistas de "partidistas", en los que se acusaba al Ayuntamiento de Barcelona de paralizar la creación de residencias para ancianos.

La denuncia contra Comas fue presentada el pasado día 11 en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El ministerio público podría haber optado por archivar directamente la denuncia o, como ha ocurrido en este caso, por investigar los hechos y estudiar si tienen o no relevancia penal. La denuncia del PSC, que fue presentada por los diputados Marina Geli y Joan Ferran, explicaba que el caso de Comas es idéntico al que en su día protagonizó el ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado en 1995 por el Tribunal Supremo a siete años de inhabilitación por gastar más de dos millones en anuncios de prensa y cuñas de propaganda política en las que descalificaba e incluso insultaba a sus adversarios políticos. En aquel caso, la sentencia indicaba que esos anuncios "no tienen nada que ver con la propaganda institucional, ni con la defensa del prestigio de las instituciones, que más bien queda deteriorado cuando los dineros públicos se utilizan para denigrar, atacar e insultar a los adversarios políticos". "Provocación municipal" En el caso de los anuncios de Bienestar Social, publicados durante la llamada guerra de los geriátricos, se acusaba al ex alcalde de Barcelona Pasqual Maragall, candidato del PSC a la Generalitat, de "haber introducido unilateralmente plazos de imposible cumplimiento en la cesión de terrenos para la construcción de equipamientos sociales". Del mismo modo se aseguraba que "en ningún caso el Departamento de Bienestar Social ha exigido el DNI al señor alcalde", para iniciar la construcción de los geriátricos,un extremo que el Ayuntamiento de Barcelona pudo probar documentalmente. Los anuncios también instaban al consistorio a que "en lugar de perder el tiempo en usos partidistas de esta grave carencia municipal se agilice la cesión de los terrenos convenidos" y se advertía de que el departamento que dirige Comas "no contestará ninguna otra provocación municipal". El artículo 433 del Código Penal castiga con penas de multa y suspensión de cargo público de seis meses a tres años a "la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones". El mismo Código Penal prevé penas de cárcel de hasta tres años cuando se diera una circunstancia de éstas y "el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los 10 días siguientes al de la incoación del proceso", un trámite que en este caso se iniciaría si el juzgado acordase abrir diligencias penales. El mismo día de la publicación de los anuncios, el primer secretario del PSC, Narcís Serra, pidió a Comas que retornase el dinero que costaron y acusó al ex consejero de actuar con fines "electoralistas". Cuando el PSC anunció que acudiría a la fiscalía, Jordi Pujol decidió bloquear la Carta Municipal de Barcelona. Mientras tanto, Bienestar Social prepara por otra parte una campaña de 100 conferencias en barrios populares para explicar el coste que tiene para los ciudadanos el déficit fiscal de Cataluña.